Dos exfuncionarios públicos enfrentan proceso penal por su presunta participación en el arrendamiento irregular de propiedades incautadas, en una operación que habría desviado fondos públicos hacia cuentas personales. El Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medioambiente les dictó medidas sustitutivas tras la audiencia de declaración de imputado.
Los señalados son Rigoberto Portillo Mejía, extitular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), y Jaime Renán Banegas Zerón, exdirector de fiscales del Ministerio Público. Ambos están siendo acusados por el Ministerio Público de haber conformado una estructura ilegal que arrendaba bienes inmuebles incautados sin respaldo legal y fuera de los canales oficiales.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los acusados se habrían valido de su posición para firmar contratos ficticios con particulares, utilizando información privilegiada y omitiendo los registros formales de estos convenios. Las cantidades cobradas eran depositadas directamente en cuentas personales, sin ser reportadas como ingresos institucionales.
A ambos se les imputa la presunta comisión de los delitos de estafa, malversación por aplicación oficial diferente, uso de información privilegiada, concusión y asociación para delinquir. En el caso de Banegas Zerón, se le suma además el delito de usurpación de funciones públicas. Las autoridades informaron que aún se encuentra pendiente la ejecución de una orden de captura contra un tercer implicado.
Como parte de las medidas cautelares, los imputados deberán presentarse cada 15 días ante los juzgados, tienen prohibido salir del país, comunicarse entre ellos y acercarse al domicilio de un testigo protegido.
La audiencia inicial fue programada para el miércoles 7 de mayo a las 10:00 de la mañana. Mientras tanto, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), aseguró que continuará su labor en la identificación y desarticulación de redes de corrupción entre funcionarios y particulares.
