El excoordinador del proyecto de transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Raúl Amílcar Rivera Montoya, fue capturado el miércoles en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales tras arribar en un vuelo de deportados desde Estados Unidos. Ahora enfrenta graves acusaciones por corrupción en el manejo de fondos públicos destinados a las elecciones primarias.
Según el requerimiento fiscal, Rivera Montoya habría participado activamente en la contratación irregular de la empresa Ingeniería, Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., para el traslado del material electoral el día de los comicios, el pasado 9 de marzo. El contrato, firmado apenas dos días antes de las elecciones, ascendió a más de 64.7 millones de lempiras, superando en más de 21 millones el presupuesto originalmente asignado para ese fin.
Las investigaciones del Ministerio Público revelan que la comisión evaluadora del CNE, integrada por Rivera Montoya, recomendó la contratación de dicha empresa a pesar de que no contaba con flota vehicular registrada, ni capacidad técnica comprobada para garantizar el transporte seguro del material electoral. Además, el uso de buses de pasajeros, que nunca estuvo contemplado en los pliegos de condiciones, generó serios retrasos en la entrega del material en centros de votación de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Por estos hechos, un juez con competencia en Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó la medida cautelar de detención judicial contra el imputado durante la audiencia de declaración de imputado. Rivera Montoya es acusado por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.
La audiencia inicial fue programada para el lunes 19 de mayo a las 8:00 de la mañana, donde se espera que el Ministerio Público presente más pruebas sobre el perjuicio económico ocasionado al Estado hondureño.
Las autoridades sostienen que la comisión evaluadora tampoco declaró fracasado el proceso de contratación, ni aplicó sanciones a pesar de los múltiples incumplimientos detectados, lo cual sugiere posibles acciones colusorias entre funcionarios del CNE y el representante legal de la empresa beneficiada, Carlos Salomón Fonseca Robles.
