Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, recuperó su libertad el 1 de diciembre de 2025 tras recibir un indulto presidencial otorgado por el mandatario estadounidense Donald Trump. La medida dejó sin efecto la sentencia de 45 años de prisión que el exgobernante cumplía en una cárcel federal de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y armas, poniendo fin a uno de los procesos judiciales más comentados de los últimos años.
La confirmación de su liberación fue dada por su esposa, la exprimera dama Ana García de Hernández, quien describió la fecha como “un día imposible de olvidar”. En un mensaje público, afirmó que “después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre”. Agradeció a Dios y al presidente Trump por lo que consideró un “milagro”, y destacó el apoyo de quienes “oraron, defendieron la verdad y creyeron en la justicia”.
Aunque su salida de prisión marca un giro significativo en su situación legal, también generó reacciones encontradas. Diversos sectores políticos y sociales cuestionaron el impacto del indulto, advirtiendo que perdonar a un expresidente condenado por narcotráfico podría enviar un mensaje de impunidad y debilitar los esfuerzos regionales contra el crimen organizado. Autoridades hondureñas subrayaron que, pese al indulto estadounidense, en el país siguen vigentes investigaciones y procesos que no quedan anulados por una decisión presidencial extranjera.
La liberación de Hernández reabre además un debate político de alto perfil, especialmente en un contexto electoral. Analistas señalan que el caso vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de las élites en el avance del narcotráfico y los límites del poder presidencial cuando se trata de crímenes transnacionales. Su regreso a la vida en libertad, después de casi cuatro años de reclusión, promete seguir generando repercusiones tanto en la arena política como en el ámbito judicial de Honduras.
