El Instituto de la Propiedad (IP) entregó este martes al Ministerio Público (MP) un total de 41 expedientes que documentan presuntos actos de corrupción cometidos en esa institución entre 2019 y 2022. La acción fue confirmada por el director ejecutivo del IP, Francisco Bocanegra, quien aseguró que los casos fueron debidamente sustentados y remitidos para su investigación.
Bocanegra señaló que las denuncias involucran a varios exempleados y exfuncionarios, entre ellos el diputado liberal Jorge Cálix y el exsecretario de la presidencia, Ebal Díaz, quien ejerció ese cargo durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Según el funcionario, los señalamientos se derivan de auditorías internas y revisiones administrativas realizadas en los últimos meses.
“Son 41 líneas de investigación que ya cuentan con su resolución. Hemos encontrado irregularidades que, desde mi punto de vista, pueden catalogarse como corrupción”, declaró el titular del IP al referirse a las anomalías detectadas.
Entre los casos mencionados figuran alteraciones en el pago de viáticos, falsificación de sellos y firmas notariales, así como manipulación de documentos públicos. Bocanegra afirmó que estas prácticas habrían afectado directamente la transparencia institucional y el derecho de propiedad de los ciudadanos.
Horas después de la presentación de las denuncias, el director del IP publicó en sus redes sociales la fotografía de un presunto cheque que, según dijo, estaría vinculado a la esposa del diputado Cálix, Camila Agüero. El funcionario sostuvo que el documento forma parte de los fondos de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).
En su publicación, Bocanegra señaló que “don Jorge Cálix no se va a encerrar solito, también lo va a acompañar su esposa porque hasta ella recibió cheques de la unidad coordinadora UCP”, en alusión al supuesto vínculo de Agüero con los pagos investigados.
Por su parte, Cálix ha manifestado que si el Ministerio Público encuentra una sola prueba en su contra, se entregará voluntariamente a las autoridades. Bocanegra respondió recordándole que la investigación también alcanza a su entorno familiar.
El titular del IP reiteró que estos expedientes buscan sentar un precedente en la lucha contra la corrupción dentro de la administración pública y enfatizó que será la justicia la que determine las responsabilidades de cada persona señalada.
