La comisión interventora del Instituto de la Propiedad (IP) denunció este martes un presunto despilfarro de al menos 12 mil millones de lempiras durante administraciones anteriores, monto que podría ascender hasta los 17 mil millones, conforme avance la auditoría interna y se detecten nuevas irregularidades.
En conferencia de prensa, el interventor Francisco Bocanegra reveló que los fondos habrían sido manejados de forma discrecional a través de una estructura paralela denominada Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), creada según dijo para operar fuera del marco legal.
“La UCP fue diseñada para no someterse a los controles establecidos por la ley. Operaba con su propia chequera y asignaba recursos de manera discrecional”, declaró Bocanegra.
La comisión describió a esta unidad como una estructura ilegal que desvió recursos públicos hacia proyectos y actividades ajenas a la misión del IP. Aunque aún no se han revelado nombres de funcionarios responsables o beneficiarios, el caso ya fue remitido al Ministerio Público.
Durante su intervención, Bocanegra lamentó que los fondos públicos se hayan utilizado para “desnaturalizar” el propósito del IP, que es garantizar el derecho a la propiedad de los hondureños. Entre las irregularidades señaladas figuran: inauguración de calles, entrega de estufas, casas abandonadas, proyectos habitacionales, y distribución de chimbos de gas.
Pese a que la actual gestión también ha sido criticada por una baja ejecución presupuestaria de apenas un 37 % al cierre del primer semestre de 2025, el funcionario aseguró que se trabaja en el saneamiento institucional, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en el Instituto.
