Este 8 de septiembre marca un punto de inflexión para la comunidad hondureña en Estados Unidos con la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS). La medida deja a unos 55,000 compatriotas sin protección legal y bajo la orden de abandonar el país, después de más de dos décadas de haber gozado de este beneficio migratorio.
El TPS fue concedido en 1999 tras el paso devastador del huracán Mitch, con el objetivo de brindar alivio humanitario a quienes se encontraban en suelo estadounidense. Desde entonces, miles de hondureños construyeron sus vidas bajo esta protección, contribuyendo a la economía del país norteamericano y sosteniendo a sus familias en Honduras mediante el envío de remesas. No obstante, la administración estadounidense sostiene que las condiciones en Honduras han cambiado lo suficiente como para permitir el retorno seguro de los beneficiarios.
El impacto humano y social de esta decisión es motivo de preocupación para líderes comunitarios. El presidente de la Organización Hondureña Integrada Francisco Morazán, con sede en Miami, manifestó: “a partir de hoy quedan a la deriva tras la cancelación del amparo que este lunes llega a su fin”. Sus palabras reflejan el temor de miles de familias que enfrentan un futuro incierto.
Desde Tegucigalpa, el canciller de la República, Javier Bú, lamentó la terminación del beneficio y explicó que este afecta a más de 70,000 familias hondureñas. “El TPS sigue en proceso judicial, entonces el lunes es una fecha donde se terminan los permisos de trabajo para los tepesianos, los conozco bien, me he reunido con ellos y seguirán en la lucha judicial”, expresó.
En el plano jurídico, también hay voces que cuestionan la decisión estadounidense. El abogado Javier García fue contundente al afirmar que “en los últimos tiempos, Honduras ha tenido problemas de falta de empleo, protección y persecución. El país no está preparado para recibir a tepesianos”. Estas declaraciones refuerzan la idea de que un eventual retorno masivo pondría en aprietos a un país con limitadas oportunidades laborales y sociales.
La finalización del TPS no solo representa un golpe para los hondureños que residen en Estados Unidos, sino también un reto para el gobierno de Honduras, que deberá definir estrategias frente a la posible repatriación de miles de ciudadanos. En este escenario, la incertidumbre predomina tanto en las comunidades migrantes como en sus familias en el país, que dependen de los ingresos que ellos generan en el extranjero.
