El 18 de noviembre se convierte en una fecha de enorme peso para la comunidad hondureña amparada por el Estatus de Protección Temporal (TPS). Ese día, una Corte de Inmigraciones en San Francisco emitirá una resolución que, si bien no puede revertir la cancelación oficial del programa, sí podría otorgar un plazo adicional para que miles de familias definan su futuro en Estados Unidos.
La expectativa creció aún más luego de que la audiencia, inicialmente fijada para las 2:00 de la tarde, fuera adelantada inesperadamente a las 9:00 de la mañana por la llegada de testigos clave. La modificación reconfiguró el ambiente entre los tepesianos: una decisión más temprana implica también conocer antes si tendrán margen para solicitar otro estatus migratorio o deberán comenzar a preparar un eventual retorno.
La tensión no es menor. Desde el 8 de septiembre, más de 50,000 hondureños quedaron oficialmente sin la protección del TPS tras la determinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ratificada luego por la Corte del Noveno Circuito. La medida anuló la orden que por años había frenado la cancelación del beneficio y los dejó en un limbo que se ha vuelto cada vez más angustiante.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, reconoce que la jueza no puede restaurar el programa, pero sí tiene la facultad de conceder tiempo extra para que las personas afectadas busquen alternativas legales. Según dice, el equipo jurídico ha presentado argumentos sólidos y confía en que la situación humanitaria de miles de familias será tomada en consideración.
De fondo, persiste una preocupación mayor: Honduras no tiene condiciones para recibir a los aproximadamente 55,000 tepesianos que podrían perder su estadía legal. La crisis de empleo, la inseguridad y la falta de oportunidades económicas dibujan un panorama complicado para quienes tendrían que regresar después de dos décadas de vida laboral y comunitaria en Estados Unidos. Testimonios incluidos en el proceso destacan la dependencia de remesas, la presencia de hijos nacidos en territorio estadounidense y la integración profunda de los migrantes en la economía local.
La decisión que se dé este 18 de noviembre no será un simple trámite administrativo. Para la comunidad afectada, representa la conclusión de un capítulo incierto y el inicio de otro que determinará su estabilidad, su seguridad y su continuidad en el país donde han construido hogar. La esperanza persiste, pero también la conciencia de que el fallo será determinante para miles de historias que hoy permanecen en suspenso.
