Tegucigalpa, 14 de agosto de 2025 – La Cancillería de Honduras rechazó de manera enérgica las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien afirmó en una entrevista con Fox News que Venezuela utilizaría el espacio aéreo hondureño como un “puente” para el tráfico de drogas, con presunta complicidad de autoridades locales.
A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Cancillería calificó las acusaciones como “falsas” y sostuvo que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro mantiene “una ofensiva histórica contra el crimen transnacional del narcotráfico, ejecutando los decomisos de cocaína más grandes jamás registrados”.
Coordinación internacional en la lucha contra el narcotráfico
El comunicado oficial detalló que las alertas sobre aeronaves sospechosas provienen de la base de Cayo Hueso, en Florida, y son atendidas por el Centro Combinado de Operaciones Interinstitucionales (CCOI) en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y agencias especializadas de Estados Unidos. Estas operaciones permiten localizar, interceptar y decomisar droga cuyo destino final, en su mayoría, es el territorio estadounidense.
En el caso de los decomisos marítimos, las alertas provienen de la Armada de Colombia y se coordinan con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Unidad Marítima Especial (UME) de la Fuerza Naval, con apoyo de la CIA, DEA y FBI.
“Honduras ahora es un bastión en la lucha global contra el crimen del narcotráfico y no aceptamos que se distorsione la verdad lesionando la dignidad de nuestro pueblo”, concluye el pronunciamiento oficial.
Rechazo conjunto de Honduras y Guatemala
Pam Bondi también incluyó a Guatemala y México en sus acusaciones, asegurando que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela habría financiado un “Air Bridge” para transportar drogas hacia Estados Unidos, además de intercambiar armas y sobornos para facilitar estas operaciones.
Tanto Honduras como Guatemala respondieron de forma categórica, negando que permitan el uso de su espacio aéreo para actividades ilícitas.
