Honduras celebrará sus próximas elecciones generales bajo un nuevo período de estado de excepción, luego de que el Consejo de Ministros aprobara extender la medida por 45 días más. La decisión, defendida por el Gobierno como una acción necesaria para garantizar la seguridad pública, ha generado preocupación entre organismos de derechos humanos y sectores académicos que advierten sobre sus implicaciones en el contexto electoral.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, afirmó que la ampliación responde a la necesidad de mantener la lucha contra la extorsión, el secuestro y los homicidios, delitos que continúan afectando a buena parte del territorio nacional. Indicó que la medida sigue siendo de carácter parcial y que las operaciones de la Policía Nacional y la Policía Militar están sujetas a la supervisión del Ministerio Público, con el objetivo de evitar abusos y garantizar el respeto a la ley.
Sánchez descartó que el régimen represente una amenaza para el desarrollo del proceso electoral y aseguró que las fuerzas del orden “respetarán la voluntad popular” durante la jornada de votación. También desmintió versiones que atribuían a organismos internacionales el pedido de suspender la medida, señalando que “Honduras, como Estado soberano, tiene el derecho de adoptar las decisiones que considere convenientes en materia de seguridad”.
Desde otra perspectiva, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) cuestionó la decisión gubernamental y recordó que la vigencia prolongada del estado de excepción ha derivado en más de mil denuncias por presuntas violaciones a derechos fundamentales. Su representante, Luis Martínez, subrayó que “esta no es la vía adecuada para combatir la violencia” y propuso en su lugar una política de seguridad con enfoque de derechos humanos que aborde las causas estructurales del problema.
En tanto, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) advirtió que mantener suspendidas las garantías constitucionales durante el proceso electoral podría derivar en “una tensión constitucional de alta relevancia”. La institución recordó que la excepcionalidad no debe convertirse en norma y que cualquier suspensión de derechos debe ser justificada, temporal y proporcional a las amenazas que enfrenta el país.
De cara a los comicios, el país se encuentra dividido entre quienes consideran que la medida garantizará una jornada electoral segura y quienes temen que la misma pueda restringir libertades fundamentales. En medio de ese debate, el reto del Gobierno será demostrar que la seguridad y la democracia pueden coexistir sin poner en riesgo los principios del Estado de derecho.
