En un fallo que ha generado diversas reacciones en Honduras, un juez de letras penal de Tegucigalpa dictó auto de formal procesamiento con medidas de arresto domiciliario para los generales en retiro Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes, y Carlos Roberto Puerto Fúnez. Los exjerarcas militares enfrentan acusaciones por el homicidio de Isy Obed Murillo, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación el 5 de julio de 2009, en el contexto del golpe de Estado en el país.
La decisión judicial ha sido cuestionada por diversos sectores, quienes consideran que el arresto domiciliario es una medida insuficiente dada la gravedad de los delitos imputados. Las familias de las víctimas han manifestado su descontento, exigiendo justicia plena y transparencia en el proceso judicial.
El exfiscal general Edmundo Orellana también expresó su opinión sobre el fallo, señalando que “no habrá justicia para el pueblo hondureño mientras sigan gozando de impunidad los verdaderos responsables del golpe de Estado». Orellana hizo énfasis en la necesidad de que los autores intelectuales de estos crímenes rindan cuentas por las muertes y el saqueo de recursos públicos ocurrido durante ese periodo.
Por su parte, el Ministerio Público anunció su intención de apelar la medida de arresto domiciliario, buscando una sanción más severa para los acusados. Este proceso podría sentar un precedente importante en la imputación de superiores jerárquicos por actos cometidos bajo su mando, lo que abriría la puerta a futuras acciones legales contra otros altos mandos militares y policiales en situaciones similares.
