La Secretaría de Finanzas (Sefin) advirtió que Honduras corre un riesgo inminente de ser catalogado como un paraíso fiscal si no se aprueba con urgencia la Ley de Justicia Tributaria (LJT). Según la institución, el país pasaría a ser uno de los cinco en todo el mundo que aún mantienen figuras como las acciones al portador y el secreto bancario, mecanismos que facilitan altos niveles de evasión fiscal y limitan la transparencia en el manejo de recursos financieros.
El anuncio se da en el marco de la visita técnica de Zayda Manatta, directora del Secretariado del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, quien se encuentra en Honduras para compartir perspectivas sobre estándares internacionales de transparencia fiscal y evaluar el cumplimiento del país con estas normas globales.
Sefin subrayó que la falta de acciones concretas en materia tributaria podría generar consecuencias graves para la economía y la reputación del país.
Entre los riesgos señalados se encuentran el aislamiento financiero y daño reputacional al ser incluido en listas “negras” o “grises”, el aumento del costo financiero para el Estado y las empresas debido al riesgo país, la dificultad de acceso a créditos y asistencia financiera de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, así como la disminución de la inversión extranjera por la desconfianza de los inversionistas ante la falta de transparencia y estabilidad jurídica.
Para prevenir estas consecuencias, el Foro Global ha recomendado una serie de medidas que ya están contempladas en el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, entre ellas la eliminación del secreto bancario y las acciones al portador, la aprobación de una Ley de Beneficiario Final y la ratificación de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria (MAAC). Estas reformas buscan fortalecer la transparencia fiscal del país y alinearlo con los estándares internacionales.
Sefin enfatizó que el impacto por no implementar estas medidas asciende a 10,000 millones de lempiras anuales. Por ello, la presidenta Xiomara Castro y su gabinete económico han reiterado el llamado urgente al Congreso Nacional para aprobar la Ley de Justicia Tributaria, advirtiendo que mientras el mundo avanza, Honduras permanece rezagada al no adoptar aún las reformas mínimas exigidas por la comunidad internacional.
