El Congreso Nacional se prepara para discutir una reforma clave a la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), que redefine las condiciones de jubilación para los docentes hondureños. El anteproyecto, presentado hace casi un año, fue modificado recientemente por la comisión de dictamen, incorporando tres modalidades de retiro según el año de ingreso al sistema.
Gerardo Solano, representante de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) de Inprema, confirmó que el dictamen ya está listo y contempla que los maestros podrán optar entre la histórica Ley 1026-80, la actual Ley 247-2011 o las nuevas disposiciones que se espera sean debatidas en el pleno legislativo este mes.
La ley de 1980, respaldada por una resolución de la Corte Suprema de Justicia a finales de 2024, permite a los docentes jubilarse a los 50 años con 20 de servicio. En contraste, la ley de 2011 eleva los requisitos a 59 años de edad y 30 de servicio, lo que ha sido criticado por sectores del magisterio debido a la reducción de beneficios.
Las reformas que se proponen actualmente introducen una opción intermedia: los docentes podrán acceder a una pensión con condiciones mejoradas, incluyendo un piso del 40 % del salario básico, con posibilidad de alcanzar hasta el 90 %, según los años de cotización. Además, se establecen nuevos incentivos, como un bono de hasta 400,000 lempiras para quienes posterguen su retiro, un auxilio temporal para maestras en situación económica vulnerable y pensiones vitalicias para hijos con discapacidad.
“Cada docente podrá elegir la ley que más le convenga según su situación personal”, afirmó Solano, quien además recomendó al Congreso establecer una cláusula que garantice que la decisión tomada por cada maestro sea definitiva y no sujeta a modificaciones futuras.
Por su parte, Edgardo Casaña, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, indicó que el dictamen será presentado en los próximos días.
Con este paquete de reformas buscamos un equilibrio entre los derechos de los maestros y la sostenibilidad financiera del Inprema.
Edgardo Casaña, presidente de la Comisión de Educación del Congreso.
De ser aprobado, este nuevo marco legal marcaría un cambio sustancial en el sistema de previsión del magisterio, permitiendo que miles de docentes puedan tomar decisiones más flexibles sobre su futuro laboral y económico.
