La reciente renuncia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), José Carlos Cardona, ha sido recibida con escepticismo por parte de analistas, sectores políticos y organizaciones civiles, quienes advierten que su salida no resuelve las dudas sobre el manejo de más de 950 millones de lempiras del denominado “Fondo Social”.
La dimisión se produjo en medio del escándalo provocado por la filtración de un video en el que Cardona dialoga con la diputada del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, sobre presunta canalización de recursos hacia estructuras partidarias en el occidente del país. El material, que generó amplia repercusión pública, ha sido interpretado como evidencia de una posible utilización política de fondos estatales.
Diversas voces, entre ellas la del analista Kenneth Madrid, consideran que la renuncia del funcionario es insuficiente. “No se ha esclarecido en qué se usaron los recursos ni si se ejecutaron con base en criterios técnicos y de transparencia”, señaló. A su criterio, la acción representa una respuesta política, pero no una rendición de cuentas efectiva.
En el Congreso Nacional, el diputado Rasel Tomé también se pronunció exigiendo que las investigaciones se extiendan más allá de la figura del exministro. Tomé solicitó que la diputada Cuéllar rinda cuentas ante el pleno legislativo y ante los entes fiscalizadores correspondientes.
La Secretaría de Transparencia, por su parte, ha informado que detectó múltiples deficiencias en la gestión del fondo: inconsistencias en la documentación de cheques, debilidades en los mecanismos de control interno, y fallas en los procesos de ejecución y liquidación del gasto. Además, anunció visitas de verificación a los proyectos ejecutados en el occidente del país, como parte del proceso de supervisión.
Organizaciones de sociedad civil han sumado su voz a la exigencia de una auditoría independiente, que permita conocer con exactitud cómo fueron distribuidos y ejecutados los recursos públicos. Aseguran que este tipo de fondos deben ser manejados con estricta transparencia y no pueden estar al servicio de intereses partidarios.
A pesar del relevo en la titularidad de SEDESOL, la preocupación persiste. Los sectores consultados coinciden en que la renuncia del funcionario no cierra el caso, sino que marca el inicio de una etapa que exige esclarecimiento, responsabilidades administrativas y, de ser el caso, consecuencias penales.
