El Congreso Nacional de Honduras enfrenta una creciente polémica tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de tres contratos de préstamos con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un total de 190 millones de dólares, sin la ratificación del acta legislativa correspondiente.
La decisión fue tomada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, quien argumenta que la Constitución lo faculta para enviar los decretos al Poder Ejecutivo una vez aprobados por mayoría, sin necesidad de esperar la ratificación del acta. A través de redes sociales, Redondo defendió su actuar señalando que ha cumplido con la ley y que en legislaturas anteriores también se habían publicado decretos sin aprobación de actas.
No obstante, la oposición y sectores críticos consideran esta medida como ilegal. Diputados del Partido Nacional, Partido Liberal y Salvador de Honduras han denunciado que no se cumplió con el procedimiento legislativo y advierten que se ha violado el orden constitucional. Algunos legisladores incluso han señalado que han sido amenazados por no respaldar la ratificación.
Juristas advierten que la publicación de decretos sin acta ratificada podría constituir delitos como abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y violación de la forma de gobierno.
La aprobación del presupuesto electoral y otros temas clave siguen estancados por la falta de consenso en torno a la legalidad de los préstamos y la ratificación de las actas. Mientras tanto, crece la preocupación sobre un posible debilitamiento del Estado de derecho en el país.
La controversia sigue abierta, con llamados desde diferentes sectores a respetar el debido proceso y garantizar que las decisiones legislativas se tomen con transparencia, legalidad y apego a la Constitución.
