A bordo de vehículos blindados tipo Black Mamba SandCat, un equipo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), acompañado por fiscales del Ministerio Público (MP), arribó este lunes a las instalaciones de Koriun Inversiones, en la ciudad de Choloma.
Frente al edificio, centenares de personas, en su mayoría aportantes, se congregaron con la esperanza de recibir respuestas sobre la recuperación de sus fondos invertidos en la empresa.
El desplazamiento se realizó en cumplimiento del mandato judicial emitido por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, contenido en el expediente No. 003-2025, que ordena iniciar el proceso de devolución del capital a los inversionistas afectados.
La CNBS confirmó, mediante un comunicado, que como parte del proceso se han revocado las medidas de aseguramiento de las cuentas bancarias de Koriun, lo que permitirá descongelar los fondos y facilitar la restitución del dinero.
La institución indicó que se analizará toda la documentación financiera y contable de la empresa, en coordinación con el Ministerio Público, para garantizar un proceso transparente.
Se incrementan las sospechas
Luego de una jornada tensa para los inversionistas, la noche de este lunes se incautaron 50 mil dólares al administrador de Koriun Inversiones, Iván Velásquez. La incautación se produjo tras revisar su vehículo a la salida de las instalaciones, según reportes de prensa.
Sin embargo, Velásquez no fue detenido y se retiró del lugar en el mismo vehículo en el que pretendía sacar el dinero.
Tras el recuento del efectivo, se concluyó que se trataba de 50 mil dólares no justificados, por lo que se procedió a su incautación.
El dinero permanece bajo custodia de las autoridades, que trabajan en conjunto con el Ministerio Público en este caso.
La Policía Nacional, a través de la Jefatura Regional del Valle de Sula, mantiene un contingente permanente en la zona para prevenir disturbios y bloqueos de carretera. También colabora activamente con las instituciones involucradas para asegurar el orden público durante el desarrollo del proceso.
