El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un oficio formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando la revisión de cuatro disposiciones del recién aprobado Reglamento de Observación Electoral, al considerar que podrían contravenir estándares internacionales ampliamente reconocidos.
Según el CNA, las disposiciones que requieren atención son:
1. Condicionar la difusión de informes al requisito de entregarlos previamente al CNE (artículo 18 literal “k” y artículo 19 literal “i”).
2. Prohibición de comentarios o declaraciones antes de la presentación del informe al CNE (artículo 19 literales “f” y “g”).
3. Prohibición de declaraciones sobre puntos controvertidos (artículo 19 literal “h”).
4. Restricción para solicitar documentos oficiales a las Juntas Receptoras de Votos (artículo 19 literal “k”).
El CNA subraya que estas restricciones no son nuevas, sino que se han aplicado en procesos electorales anteriores, incluyendo las elecciones generales de 2017, 2021 y las primarias de 2025. En el oficio, la organización asegura que eliminar estas condicionantes establecería un precedente positivo y permitiría alinear la normativa hondureña con estándares internacionales en materia de derechos humanos, garantizando que la observación electoral responda a los principios de independencia, objetividad, transparencia y acceso a la información pública.
El Reglamento de Observación Electoral fue aprobado por unanimidad por el pleno del CNE el pasado 12 de septiembre, durante la primera sesión encabezada por la nueva consejera presidenta, Ana Paola Hall. Aunque este instrumento es fundamental para regular la participación de las misiones de observación, el CNA insiste en que su revisión es necesaria para asegurar acceso completo a la información y transparencia en el proceso electoral.
Expertos en derecho electoral y observación internacional señalan que la libertad de los observadores para difundir hallazgos y comentarios es crucial para garantizar la credibilidad de los comicios y la confianza de los ciudadanos en los resultados. Permitir un acceso pleno a documentos y la posibilidad de emitir declaraciones independientes fortalece la legitimidad del proceso electoral y asegura que la vigilancia cumpla con estándares internacionales.
