El Congreso Nacional aprobó una reforma al artículo 31 de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, mediante la cual se garantizan descuentos obligatorios en servicios básicos e impuestos para personas de la tercera y cuarta edad, sean jubiladas o no. La medida contempla una rebaja del 25 % para los adultos mayores de la tercera edad y del 35 % para los de la cuarta edad, con el objetivo de aliviar la carga económica de estos sectores vulnerables.
Los beneficios incluyen descuentos en el pago de energía eléctrica, agua potable y servicios de comunicación, como telefonía móvil y fija, internet, televisión por cable y el impuesto de salida por servicios aeroportuarios, sin importar el monto mensual de las facturas ni el tipo de empresa que los provea, ya sea pública, privada o de capital mixto. Además, los adultos mayores también gozarán de descuentos sobre el impuesto a bienes inmuebles, siempre que el recibo esté a su nombre y residan en la propiedad.
La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor tendrá la responsabilidad de realizar inspecciones periódicas en todo el país, para verificar que los establecimientos y entidades, tanto estatales como privadas, estén cumpliendo con la entrega de los descuentos aprobados por ley.
Como parte de la implementación, el Congreso también instruyó a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) a establecer un mecanismo ágil para que las personas beneficiarias puedan presentar denuncias en caso de incumplimiento, garantizando así el respeto a sus derechos como consumidores.
Esta reforma busca reforzar la protección social hacia un sector creciente de la población hondureña, promoviendo la equidad y el respeto a los derechos de los adultos mayores en todos los ámbitos.
