En una jornada cargada de tensión, confrontación y promesas incumplidas, el Congreso Nacional debatió el 18 de junio la propuesta de ley especial para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), sin lograr avances sustanciales en las reformas clave para su funcionamiento independiente.
Durante la sesión legislativa, se presentó el dictamen elaborado por una comisión especial sobre el proyecto impulsado por la diputada Hortensia Zelaya, hija de la presidenta Xiomara Castro. El debate se dividió en tres bloques: dos relacionados con reformas constitucionales —una para permitir que otros entes, además del Ministerio Público, puedan ejercer la acción penal pública, y otra para eliminar la inmunidad parlamentaria— y un tercero que contenía la propuesta de ley que regularía el funcionamiento de la CICIH.
Los dos primeros capítulos, al tratarse de reformas constitucionales, requerían mayoría calificada, pero fueron bloqueados por la oposición, principalmente del Partido Nacional, que votó en contra o se abstuvo. Solo el tercer capítulo, que establece el marco legal para la CICIH, logró ser aprobado en su tercer y último debate.
La ley aprobada contempla la figura de querellante autónomo, permitiendo al mecanismo internacional investigar y litigar casos de corrupción de manera independiente, aunque con acompañamiento del Ministerio Público. También define los delitos a investigar, el proceso de selección de denuncias, la duración de la comisión y su financiamiento, que provendría tanto del Estado como de la cooperación internacional.
Pese al discurso triunfalista del oficialismo, la exclusión de las reformas constitucionales clave y de otros puntos críticos generó desconfianza y críticas. Entre ellos, la negativa de Libre a incluir en la discusión la derogación de la polémica Ley de Amnistía Política, considerada un obstáculo central para la llegada de la CICIH.
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció que dicha amnistía, aprobada en 2022 para proteger a funcionarios del gobierno de Zelaya Rosales (2006-2009), impide investigar graves actos de corrupción. “Perdonaron delitos, dejaron en libertad a condenados y ahora no quieren que se investigue este gobierno ni el pasado”, acusó.
Zambrano también argumentó que no se requiere una reforma constitucional para establecer la CICIH: “La CICIH no tendría por qué estar en la Constitución… Siempre ha sido un tema de campaña”. Asimismo, propuso que se permita a la ONU designar al personal, que el financiamiento provenga exclusivamente de la cooperación internacional y que se amplíe el ámbito investigativo desde 2006 hasta 2022.
Por su parte, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yani Rosenthal, responsabilizó a la Junta Directiva del Congreso por el fracaso de la votación: “No pasó el decreto de la CICIH porque no hicieron su trabajo”, y advirtió que el proyecto deberá presentarse nuevamente en enero de 2025.
El diputado liberal Marlon Lara se sumó a las críticas, señalando que, mientras no se deroguen leyes como el Fondo Departamental y la Ley de Amnistía, la instalación de la CICIH será inviable: “Bajo estas condiciones la CICIH nunca se va a establecer en Honduras”.
La diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras, advirtió que introducir reformas constitucionales en este punto solo retrasa la instalación de la comisión, ya que estas deben ser aprobadas por dos legislaturas y no hay certeza sobre la futura composición del Congreso. Además, cuestionó que su propuesta de reformas al Código Procesal Penal, para fortalecer realmente la figura de querellante autónomo, fuera ignorada por la comisión dictaminadora.
A su vez, el también diputado del PSH, Jhosy Toscano, lamentó la falta de transparencia del oficialismo: “No vemos claridad… eso tambalea su apoyo”, y propuso enfocar los esfuerzos en reformar el Código Penal y la Ley del Ministerio Público como una vía más inmediata para fortalecer la lucha contra la corrupción.
Mientras tanto, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, defendió la iniciativa oficialista afirmando que “al derogar el fuero legislativo, le decimos al país y al mundo que Honduras avanza”. Sin embargo, esa misma reforma fue rechazada por falta de votos.
En resumen, la jornada evidenció que, más allá de los discursos, el camino hacia una CICIH efectiva y verdaderamente independiente continúa empantanado por intereses políticos, cálculos partidarios y reformas legales que, por ahora, siguen sin concretarse.
