Por: Edgardo Mejía
La primera semana de agosto ha sido impactante en el ambiente geopolítico centroamericano, marcada por acontecimientos internacionales de relevancia.
En Guatemala, el gobierno confirmó que 14 connacionales se encuentran detenidos en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida. Funcionarios consulares verificarán sus condiciones el próximo 7 de agosto. La Cancillería informó que se ha gestionado la autorización para que la red consular ingrese al centro, con el objetivo de identificarlos, entrevistarlos y conocer de cerca su situación y condiciones de resguardo.
Mientras los guatemaltecos expresan preocupación por sus compatriotas detenidos, en El Salvador la inquietud gira en torno a las repercusiones de una reforma constitucional recientemente promovida. Expertos en temas constitucionales y electorales consideran que dicha reforma, aprobada de forma exprés por el oficialismo en la Asamblea Legislativa el pasado jueves, viola la Convención Americana de Derechos Humanos y tratados internacionales de los que El Salvador es parte. Organismos defensores de derechos humanos también han expresado alarma ante lo que podría representar un retroceso democrático.
Por su parte, Honduras ha recibido con alivio la confirmación oficial de que el país continuará pagando un arancel del 10 % para exportaciones a Estados Unidos, sin ser incluido en las nuevas tarifas más elevadas impuestas por la administración del presidente Donald Trump. Así lo anunció el canciller Javier Bú.
En Nicaragua, la familia presidencial continúa consolidando su presencia internacional. Desde el 30 de agosto de 2023, Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente y la vicepresidenta, ha sido comisionado en al menos 12 ocasiones para representar al país en diversas misiones diplomáticas en el extranjero.
El hecho de mayor resonancia internacional esta semana provino de Costa Rica. Desde la llegada de Donald Trump al poder, ocho figuras políticas costarricenses han sido afectadas por la revocación de sus visas. Exfuncionarios estadounidenses afirmaron que esta medida responde a una iniciativa que busca restringir el ingreso a quienes sean considerados una amenaza.
Finalmente, en Panamá, los productores nacionales de leche y la industria láctea se encuentran en alerta. En el último año, se ha incrementado la importación de productos terminados, lo que ha provocado un desplazamiento del consumo de leche nacional. Natzare Bermúdez, presidenta de la Asociación Nacional de Procesadores de Leche, advirtió que esta situación pone en riesgo toda la cadena productiva del sector.
Centroamérica también se ha visto sacudida por la sentencia condenatoria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien en el pasado fue invitado de honor en congresos centroamericanos de seguridad ciudadana y un referente regional en la supervisión y fiscalización de procesos electorales.
