Las autoridades hondureñas confirmaron este miércoles la captura de Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de la extinta Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), hoy conocida como Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Su detención forma parte de una serie de acciones judiciales dirigidas a desarticular una presunta red de corrupción que, según el Ministerio Público (MP), habría desfalcado más de 3 mil millones de lempiras del Estado mediante contratos irregulares y desvío de fondos públicos.
Vásquez Villanueva se suma a la lista de imputados en el caso, entre los que figuran el diputado Nelson Márquez, el juez Raymundo Gradiz Viloria, y los abogados Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala. Todos ellos son señalados por el MP de haber operado desde el interior de instituciones públicas, aprovechando su poder para obtener beneficios personales a costa de recursos destinados a proyectos sociales e infraestructura tras el paso del huracán Mitch en el año 2000.
El Ministerio Público ha calificado este caso como uno de los esquemas de corrupción más graves de los últimos años. Las investigaciones apuntan a una estructura organizada que actuó de forma coordinada para manipular procesos legales y administrativos con el fin de justificar pagos millonarios, incluso décadas después de los hechos originales.
De acuerdo con la acusación, el fraude se remonta al año 2000, cuando el Estado hondureño adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc. con fondos de cooperación internacional. Esta compañía, sin autorización para operar en el país, habría subcontratado de forma irregular a la empresa Nacional de Ingenieros (NAINSA). Años después, ambas empresas promovieron demandas contra el Estado basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
En enero de 2020, Vásquez Villanueva, en su rol de directora legal, formó parte del proceso que recomendó al entonces secretario de Sedecoas, suscribir un acuerdo ejecutivo para supuestamente evitar una “erogación mayor”. Un mes después, Sedecoas y NAINSA firmaron un convenio extrajudicial que derivó en pagos millonarios, fuera de los canales judiciales establecidos.
El caso también involucra a otros exfuncionarios como la excoordinadora general del gobierno, Martha Doblado, el exfuncionario de la PGR, Héctor Alvarado Mejía, y el receptor del Poder Judicial, Rafael Eduardo Chávez Aguilar. Todos son acusados de facilitar, encubrir o permitir la ejecución de pagos al margen de la ley, incluyendo la omisión de deberes durante audiencias clave.
El Ministerio Público ha prometido continuar con las capturas y llevar a juicio a todos los implicados en lo que describe como el desmantelamiento de una “mafia institucional” que operó a distintos niveles del Estado. La investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días se emitan nuevas órdenes
