Las principales cámaras empresariales del país advirtieron sobre los posibles efectos negativos que tendría para la seguridad jurídica y la inversión extranjera el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) contra el artículo 31 de la Ley de Conciliación y Arbitraje.
La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), junto con sus homólogas de Cortés (CCIC) y Atlántida (CCIA), expresaron su rechazo a esta acción legal, presentada el pasado 30 de enero por el abogado Riki Nelson Dubón Turcios, representante legal de la estatal eléctrica, ante la Corte Suprema de Justicia.
Según la ENEE, la disposición impugnada contraviene el artículo 110 de la Constitución, que reconoce el derecho de las personas naturales a resolver sus conflictos mediante transacción o arbitraje. Sin embargo, las organizaciones empresariales sostienen que dicha interpretación es restrictiva y contraria al espíritu de la norma.
“El derecho al arbitraje no debe limitarse a personas naturales. La legislación hondureña permite que el Estado, de manera potestativa, someta a arbitraje las controversias contractuales con actores públicos o privados”, subrayaron en un pronunciamiento conjunto.
Las cámaras recordaron que la Ley de Conciliación y Arbitraje, en vigor desde hace 25 años, ha contribuido a modernizar el sistema de justicia, reducir la carga judicial y brindar mecanismos eficaces para resolver disputas, en sintonía con tratados internacionales ratificados por Honduras.
Advirtieron, además, que un fallo contrario al artículo 31 abriría la puerta al debilitamiento o eventual desmantelamiento del sistema de arbitraje, considerado por el sector privado como “voluntario, eficaz y confiable”.
“Su eliminación constituiría un retroceso en los esfuerzos por fortalecer la justicia y un golpe a la imagen del país como destino seguro para la inversión”, afirmaron.
También señalaron que el cuestionamiento legal genera incertidumbre en el entorno económico:
“Este tipo de acciones envía señales negativas a los inversionistas nacionales e internacionales y pone en riesgo la competitividad del país en el escenario global”, alertaron.
Finalmente, las cámaras reafirmaron su respaldo a los métodos alternativos de resolución de conflictos y exhortaron a proteger herramientas como la conciliación y el arbitraje, por su aporte a la eficiencia, imparcialidad y descongestión del sistema judicial.
