Las declaraciones del general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, generaron inquietud entre sectores civiles y militares tras afirmar que las Fuerzas Armadas están subordinadas al gobierno y ejecutan las políticas públicas dictadas por el poder político.
Analistas y exoficiales señalaron que dicha postura contradice el carácter apolítico de la institución. El general en condición de retiro Isaías Barahona expresó su sorpresa ante la interpretación del artículo 272 de la Constitución, al considerar que se está politizando su contenido para justificar una obediencia partidaria. Por su parte, Leonel Núñez, egresado del Colegio de Defensa, calificó las declaraciones como “una vergüenza para una institución histórica” y manifestó que espera su retiro del cargo en diciembre.
Organizaciones como Defensores de Honduras y la Reserva Militar Nacional emitieron comunicados advirtiendo sobre un posible desvío institucional, al reducir el rol del Ejército a un instrumento político. Señalaron que esta subordinación podría constituir delitos como abuso de autoridad, prevaricación militar o incluso traición a la patria.
Los pronunciamientos exhortan a los mandos militares a mantenerse fieles a la Constitución y actuar con transparencia, sin someterse a intereses partidarios. Recordaron que el artículo 272 establece que las Fuerzas Armadas deben ser una institución permanente, profesional, obediente, no deliberante y apolítica, al servicio de la soberanía y el orden constitucional.
El debate ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre el papel de las Fuerzas Armadas y su compromiso con el respeto al marco constitucional, mientras diversos sectores exigen claridad y profesionalismo en su conducción.
