La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) el anteproyecto de presupuesto para la fiscalización del proceso electoral general de 2025, por un monto de 100,144,975 lempiras, cantidad inferior a los 124 millones utilizados durante las elecciones primarias.
El comisionado de la UFTF, Emilio Hércules, confirmó que la propuesta ya fue aprobada en sesión de pleno y entregada al CNE, institución a la que está adscrita esta unidad. Se espera que en los próximos días el Consejo remita el presupuesto al Congreso Nacional, con el objetivo de que sea aprobado mediante decreto legislativo con la debida anticipación y así facilitar el desarrollo de las actividades planificadas.
Este presupuesto contempla acciones que la UFTF llevará a cabo antes, durante y después del proceso electoral del 30 de noviembre de 2025, incluyendo capacitaciones a partidos políticos y candidaturas sobre la Ley de Financiamiento; auditorías en campo durante la etapa de campaña; fiscalización de propaganda en medios y redes sociales; y revisión documental de los informes financieros presentados por los Sujetos Obligados.
Paralelamente, la Unidad también remitió el proyecto de presupuesto ordinario para el año fiscal 2026, con un valor de 67,124,290 lempiras, destinado a cubrir sus funciones permanentes en materia de fiscalización financiera, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional.
Este presupuesto ordinario permitirá a la UFTF continuar desarrollando sus labores administrativas, técnicas y operativas, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, que regula el funcionamiento de esta entidad dentro del marco democrático y electoral del país.
La formulación de ambos presupuestos se realizó con la participación de las distintas áreas administrativas y técnicas de la Unidad, y fueron entregados junto con la documentación de respaldo requerida para su gestión ante las instancias correspondientes.
Con estos pasos, la UFTF busca asegurar la disponibilidad de recursos adecuados y a tiempo para el cumplimiento de sus funciones, enfocadas en fortalecer la transparencia del financiamiento político en Honduras.
