KEYLA MARTÍNEZ Y LA DESMILITARIZACIÓN INCONCLUSA
El 7 de febrero se cumplieron cuatro años del femicidio de Keyla Martínez dentro de una celda de la jefatura policial de La Esperanza, Intibucá. Hace un año, el presunto victimario, un policía de la escala básica, quedó libre sin cumplir la totalidad de su condena.
Entre 2005 y 2024, se registraron 7736 muertes violentas de mujeres en Honduras. Lamentablemente, son pocos los casos que movilizan multitudes y generan un reclamo colectivo de justicia, como sucedió con Riccy Mabel en 1991 y con Keyla en 2021, asesinadas por miembros del Estado.
Treinta años separan los dos crímenes. Mientras el caso de Riccy Mabel empujó una coyuntura histórica para desmilitarizar el Estado, el asesinato de Keyla evidenció que este proceso sigue incompleto y dimensionó el poder que aún mantienen los cuerpos de seguridad pública sobre el sistema de justicia.
En 1997 las Fuerzas Armadas entregaron el bastón de mando de la Policía al poder civil para desmilitarizar la seguridad. Aunque generó expectativas, pronto se advirtió que el cambio era más de uniformes que cultural, creando una policía con genética militar.
Aunque la presidenta Xiomara Castro prometió «regresar a los militares a sus cuarteles», no propone desmilitarizar la Policía, más bien acentúa la remilitarización, tanto de la seguridad como del Estado mismo, devolviendo al poder castrense un protagonismo que aparentemente había perdido.
Desde 2022, el estado de excepción en 226 de 298 municipios es de las principales estrategias del gobierno para reducir la criminalidad. Con ella, la Policía Militar de Orden Público de las Fuerzas Armadas detiene y realiza allanamientos sin orden judicial. Los militares también controlan el sistema penitenciario sin rendir cuentas.
Involucrar a policías y militares en la misma tarea es un riesgo que se paga caro. Hasta octubre de 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró 700 denuncias contra miembros de las fuerzas públicas y 108 desapariciones forzadas que involucraría a estos agentes. Desde que el gobierno decretó el estado de excepción en 2022 unas 700 mujeres han perdido sus vidas violentamente.
Combinar las labores de defensa y seguridad, provoca que la población no distinga entre policías y militares. El asesinato de Keyla Martínez en una comisaría reforzó esta percepción, demostrando que los crímenes cometidos por estos cuerpos del Estado no quedaron en el pasado y que las depuraciones no deben detenerse. También constató que el proyecto de una Policía Comunitaria ha sido un fracaso.
En ambos casos el Estado encubrió los crímenes, creando falsas narrativas como que Riccy Mabel había «provocado» a los militares o que Keyla se había «suicidado con su suéter». No solo protegían a unos coroneles o a un policía de bajo rango, defendieron sus instituciones.
En la época de Riccy Mabel no existía el término de femicidio. En 2019 se incorporó en el Código Penal, pero rara vez se aplica. El caso de Keyla muestra que, pese algunos avances (como la autopsia de Medicina Forense que contradijo a la Secretaría de Seguridad), los militares y policías siguen estando exentos de la ley y que la adopción de una figura legal no es suficiente.
El sistema de justicia favoreció a los involucrados en el femicidio de la joven enfermera. El mensaje fue claro: como en el pasado, aún hay instituciones intocables en los tribunales. Hasta el mismo Ministerio Público estuvo en desacuerdo con la sentencia y posterior absolución del único acusado por el delito.
Sin embargo, su madre, una migrante hondureña en España, exige agotar todas las medidas legales para que el poder civil castigue a los culpables, independientemente de sus uniformes o estatus económico. Hasta ahora, la nueva Corte Suprema de Justicia, electa en 2023, no responde sus recursos de amparo.
