Donald Trump anunció sus aspiraciones presidenciales para 2024 dos años antes y desde entonces prometió que, de regresar a la Casa Blanca, deportaría a la mayor cantidad de extranjeros indocumentados en la historia del país. A juzgar por sus primeras semanas en el poder, la amenaza parece real; luego veremos si sostiene el ritmo.
Sin esa promesa, es probable que Trump no hubiese conseguido un segundo periodo: siete de cada diez votantes estadounidenses apoyaban endurecer las políticas migratorias. Aunque estemos de acuerdo o no, su gobierno tiene la facultad de proteger sus fronteras y de deportar a los indocumentados (uno de cada cuatro extranjeros en Estados Unidos), siempre y cuando respete sus derechos humanos.
Diversos sectores critican las medidas, entre ellos, los gobiernos que temen recibir de golpe a miles de personas que, en muchos casos, han huido de sus propias políticas. De la noche a la mañana, algunos mandatarios latinoamericanos se erigen como defensores de los migrantes, a pesar de no predicar con su ejemplo. Basta preguntarles a los venezolanos en Colombia, a los centroamericanos en México o a los cientos de miles de inmigrantes que cruzan el territorio nacional.
Con la posibilidad latente de un posible retorno de Trump, la presidenta Castro tuvo tres años para prever el actual escenario. En ese periodo, 192 mil hondureños fueron deportados desde Estados Unidos y, al menos, cada día 600 connacionales emprendieron una de las trayectorias más peligrosas del mundo para intentar cruzar el río Bravo. Esto sumaría más de medio millón de migrantes hondureños en los últimos tres años.
Ante las deportaciones en curso, la mandataria ha presentado la cifra oficial de que 1.8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, aunque según un censo de ese país en 2018, eran 963 mil. Para enfrentar esta situación, ha anunciado un programa de emergencia denominado «Hermano, vuelve a casa», que proporcionará a los retornados un apoyo de cien dólares al llegar, alimentos y mil dólares si inician emprendimientos. Sin embargo, este monto de «reintegración» parece irrisorio para los migrantes hondureños, quienes en promedio ganan 3843 dólares mensuales en Estados Unidos.
Cabe recordar que, las deportaciones masivas no son una novedad, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la administración de Obama prácticamente duplicó las deportaciones reportadas durante el primer mandato de Trump. En la última década, más de medio millón de hondureños han sido retornados, hasta ahora, la diferencia radica en la virulencia del discurso actual.
Las redadas pueden atemorizar, fracturar familias, pero no detendrán el flujo migratorio. Más allá de una disputa retórica y antes de exhortar a los migrantes a que «vuelvan» a Honduras, el gobierno de Castro debe asumir la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de su población, para que menos compatriotas se vean obligados a «salir de casa». Con o sin Trump en el panorama.
