La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ha confirmado la recepción de una nueva solicitud de extradición enviada por el gobierno de Estados Unidos, relacionada con delitos de narcotráfico. La portavoz judicial, Lucía Villars, explicó que la solicitud, centrada en un individuo con antecedentes criminales, no está vinculada a figuras políticas o gubernamentales.
El canciller Enrique Reina detalló que la solicitud fue recibida el viernes pasado, pero por cuestiones de horarios y feriados, fue entregada oficialmente a la CSJ este lunes. Reina subrayó que la persona solicitada tiene antecedentes en tráfico de drogas y no está ligada a la vida política del país.
Desde 2014, Honduras ha extraditado a 57 ciudadanos por delitos de narcotráfico y criminalidad organizada: 55 a Estados Unidos y 2 a Costa Rica. La CSJ se reunirá próximamente para asignar un juez natural al caso y emitir la orden de captura correspondiente.
La solicitud de extradición llega en un momento delicado para las relaciones entre Honduras y Estados Unidos. En agosto de 2024, la presidenta Xiomara Castro anunció su intención de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, que ha estado en vigor durante más de un siglo. Este tratado, que permite la extradición de ciudadanos hondureños a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico y criminalidad organizada, está programado para expirar el 28 de febrero de 2025.
La decisión de Castro se dio luego de comentarios de la embajadora de Estados Unidos en Honduras sobre reuniones entre funcionarios hondureños y representantes del gobierno de Venezuela, lo que generó tensiones diplomáticas. Esta medida ha suscitado preocupación sobre cómo afectará futuras solicitudes de extradición y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
En septiembre de 2024, una investigación periodística reveló que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro, se reunió en 2013 con narcotraficantes que ofrecieron apoyo financiero a la campaña del partido Libre. Aunque Zelaya admitió la reunión, negó haber recibido dinero. La presidenta Castro condenó cualquier relación entre narcotraficantes y políticos, calificando las acusaciones como un intento de desestabilizar su gobierno.
Estas revelaciones han intensificado el escrutinio sobre los vínculos entre el narcotráfico y la política en Honduras, en un momento en que el país enfrenta desafíos significativos en su lucha contra el crimen organizado.
Con la expiración del tratado de extradición en el horizonte, el manejo de casos como el actual será fundamental para definir la postura del gobierno hondureño frente a la cooperación internacional en materia de justicia.
