El Congreso Nacional cumple varias semanas sin celebrar sesiones plenarias, sumido en una paralización que refleja la falta de acuerdos entre las principales bancadas políticas del país. La última sesión se realizó el 27 de agosto, cuando solo se leyeron dos proyectos en segundo debate, y desde entonces las reuniones han quedado limitadas a encuentros de jefes de bancada y de comisiones, sin resultados concretos ni fecha para retomar las sesiones.
La inactividad legislativa mantiene en espera más de 800 proyectos de ley, entre ellos temas de alto impacto como los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), y la extensión del periodo legislativo vigente. La oposición ha denunciado que la paralización responde a una falta de liderazgo y a la prioridad de los diputados en sus campañas políticas, mientras asuntos urgentes del país quedan pendientes de resolución.
Dirigentes opositores como Tomás Zambrano (Partido Nacional) y Marlon Lara (Partido Liberal) advirtieron que, de continuar el estancamiento, podrían impulsar una autoconvocatoria legal para reactivar las sesiones. Desde el Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña afirmó que el Congreso ha llegado a un “punto límite” y que las excusas del oficialismo ya no son aceptables.
Por su parte, diputados oficialistas justifican la falta de sesiones asegurando que “no existen acuerdos verdaderos” para convocar al pleno. Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso, señaló que la única decisión pendiente es definir la prórroga de las sesiones y que las bancadas serán citadas nuevamente para continuar las conversaciones.
Durante este período, el presidente del Congreso, Luis Redondo, ha participado en eventos públicos y actividades de carácter político, incluyendo partidos de la selección nacional, desfiles patrios y concentraciones vinculadas a la candidata presidencial del partido Libre, Rixi Moncada, lo que ha generado críticas de sectores opositores por priorizar la política sobre la agenda legislativa.
Entre los proyectos más urgentes pendientes se encuentra la aprobación de reformas a la Ley del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), prevista inicialmente para el 17 de septiembre, así como la aprobación de préstamos por más de mil millones de dólares promovidos por el gobierno y respaldados por la bancada de Libre, considerados esenciales para garantizar el funcionamiento de los órganos electorales en el próximo proceso electoral. La oposición, sin embargo, los ha calificado como un intento de presionar la aprobación de deuda a cambio de recursos financieros para el TJE y la UFTF.
El estancamiento legislativo ha generado preocupación en sectores sociales y políticos, que ven cómo la falta de consenso y liderazgo convierte al Congreso en un espacio de confrontación política, mientras los proyectos de ley y decisiones urgentes del país permanecen en el limbo.
