Seis meses después de las elecciones primarias de marzo, los transportistas que se encargaron del traslado del material electoral en Honduras denuncian que aún no han recibido el pago correspondiente por sus servicios. Según Óscar Aguilera, representante del gremio, la deuda asciende a 64 millones de lempiras, y podría superar los 100 millones al incluir intereses y daños derivados de la demora.
Aguilera señaló que, mientras las imprentas ya han recibido sus pagos, los transportistas siguen esperando la liquidación por el trabajo realizado.
“Está pendiente el pago del traslado del material electoral. Sabemos que se les canceló a las imprentas, pero los únicos que nos hemos quedado sin pago somos nosotros los de transporte. Tenemos problemas serios por la banca y por los compañeros» explicó.
Ante la falta de respuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE), el gremio advirtió que está listo para iniciar acciones legales, incluyendo la posibilidad de solicitar un embargo precautorio sobre las cuentas de la institución, con el objetivo de garantizar la cancelación de la deuda.
Los transportistas también alertaron sobre el impacto que la situación podría tener en los próximos comicios generales de noviembre, dado que el traslado de urnas y papeletas depende de su trabajo.
“Si no pagan el trabajo que ya realizamos, peor van a querer pagarnos en las generales. Si no cancelan, se lo puedo garantizar: no habrá transporte”, advirtió Aguilera.
El gremio dio un ultimátum al CNE, advirtiendo que si no hay una respuesta en los próximos días, iniciarán medidas de presión este fin de semana y podrían intensificarlas la próxima semana, lo que podría afectar directamente la logística electoral.
Los transportistas enfatizan que el cumplimiento del pago pendiente no solo es un reconocimiento a su labor, sino también una condición esencial para garantizar la correcta ejecución de las elecciones y asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.
Además, los transportistas subrayan que la falta de atención a su situación refleja deficiencias en la planificación y administración del CNE, lo que podría generar un debate público sobre la transparencia y responsabilidad de las autoridades electorales en la gestión.
