La oposición política en Honduras ha alzado su voz contra lo que considera una clara persecución política en la reciente acusación contra el ex General Romeo Vásquez Velásquez, quien enfrenta cargos por el asesinato de Isis Obed Murillo, quien fue la primera víctima mortal durante las protestas que surgieron durante el golpe de Estado de 2009, en el que Vásquez Velásquez desempeñó un papel protagónico como jefe de las Fuerzas Armadas.
Diversas figuras de la oposición han salido en defensa del exmilitar, argumentando que el proceso judicial es una estrategia para desviar la atención de los problemas actuales del país y para debilitar a las voces críticas del gobierno.
Juan Diego Zelaya, precandidato a alcalde por el Partido Nacional, expresó: “Hoy, 15 años después, se presenta un requerimiento fiscal contra Romeo Vásquez. Sin embargo, cuesta creer que este acto no responda únicamente a una búsqueda de justicia, sino que forma parte de una estrategia política más amplia”.
Por otro lado, la diputada Johana Bermúdez denunció la situación actual del país como un momento oscuro, señalando que se está viviendo una persecución política sistemática. En su llamado internacional, advirtió: “¡Alerta internacional! Honduras vive uno de los momentos más oscuros de su historia. Hoy, denunciamos ante el mundo la sistemática violación de los derechos humanos y la persecución política impulsada por el Partido Libre”.
“Las personas limpias de la oposición no le tenemos miedo al gobierno, Romeo debe presentar las pruebas. A la oposición le pido tener calma y no caer en provocaciones” expresó Salvador Nasralla, precandidato presidencial del Partido Liberal, que hizo un llamado a la unidad de la oposición.
Asimismo, la familia de Romeo Vásquez Velásquez también se ha pronunciado sobre la situación, defendiendo su inocencia y criticando las acciones del gobierno.
El asesinato de Isis Obed Murillo ha sido durante años un símbolo de la lucha contra la impunidad en Honduras, y este nuevo desarrollo judicial ha reavivado las tensiones políticas. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos han mostrado interés en el caso, advirtiendo que cualquier interferencia política podría socavar la credibilidad del sistema judicial.
Mientras el proceso avanza, la oposición ha prometido mantenerse firme en su defensa de Vásquez Velásquez, asegurando que continuarán luchando contra lo que describen como una “cacería de brujas” política. El caso promete ser un punto de inflexión en la política hondureña, donde la línea entre la búsqueda de justicia y la persecución política parece cada vez más delgada.
