La abrupta caída del ministro José Carlos Cardona motiva a evaluar el desempeño del gabinete de gobierno, que se inició con acusaciones de nepotismo y que, en el adiós de su mandato, resulta señalado por corrupción.
Vayamos al inicio. Poco antes de su toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro anunció a los principales funcionarios de su gabinete. Oficialmente, lo conformaron 37 personas del Partido Libre, dos del Partido Salvador de Honduras (PSH) y una del Partido Liberal.
¿Qué esperaba el pueblo hondureño de ese equipo de trabajo? Básicamente, que fuera lo opuesto a la gestión de Juan Orlando Hernández, asegurando que los recursos se utilizaran de manera honesta y que las políticas públicas fuesen efectivas.
Sin embargo, el despegue fue controversial. El primer señalamiento crítico al anuncio fue que la presidenta Castro se decantaba por un gabinete de partido y no de integración, despertando el temor de una nueva era de clientelismo político exacerbado, como efectivamente ocurrió. Los “colectivos de Libre”, conformados por activistas del partido organizados en barrios y colonias, se convirtieron en un poder paralelo intervencionista. Nadie frenó el uso de la violencia e intimidación para lograr sus objetivos.
De hecho, funcionaron como una especie de “tropas de asalto”, reclamando como propios el Estado y sus recursos. Uno de sus blancos preferidos fue José Manuel Matheu, ministro de Salud, quien llegó a interponer una denuncia formal al Ministerio Público (MP) para que los desalojara de las instalaciones del ministerio, acusándolos de “usurpación”. La orden no llegó a producirse, pero sí la renuncia del funcionario.
Lo segundo que provocó decepción fue que, siendo la primera mujer que asumía la Presidencia en la historia del país, se esperaba un gabinete de gobierno con enfoque de género. Sin embargo, no ocurrió así. En el listado de titulares fueron escasos los nombramientos: Rixi Moncada (Finanzas), Laura Suazo (Agricultura y Ganadería), Sarahí Cerna (Trabajo y Seguridad Social), Yadira Gómez (Turismo), Natalia Roque (Derechos Humanos) y Anarella Vélez (Cultura y Artes). A ellas se sumó Rebeca Santos en la Presidencia del Banco Central.
Un gabinete con enfoque de género no solo se refiere a la representación de mujeres en puestos de gobierno, sino a la incorporación de la perspectiva de género en todas las áreas y niveles de la administración pública, buscando transformar las estructuras sociales y garantizar que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades y acceso a los recursos. Por supuesto que esa no es una tarea de corto plazo, pero en el corto plazo sí podía empezarse, y eso no ocurrió.
Un tercer aspecto que generó muchas críticas a la presidenta fueron los nombramientos de su hijo Héctor Manuel Zelaya en el Despacho Privado de la Presidencia, de su sobrino político José Manuel Zelaya como ministro de Defensa, y de su esposo en el Despacho de Asesor Presidencial.
La acusación de nepotismo no se hizo esperar, y pese a que la Presidencia y el partido Libre negaron los cargos, pronto se confirmó la tendencia oficial a otorgar empleos, favores o posiciones de poder a familiares o amigos, independientemente de sus méritos o capacidades.
Si bien esa práctica encaja en la tradición de la política tradicional hondureña, eso no la legitima para que siga ocurriendo. No es lo que se esperaba de Libre, ni lo que habían prometido sus dirigentes. Cuatro años después, el impacto negativo de esa gestión es innegable, tanto para la sociedad como para el propio partido de gobierno. Lo ocurrido en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) es un triste ejemplo del desastre.
Al frente de SEDESOL, Cardona replicó las prácticas corruptas habituales que formaron parte de la trama institucional de corrupción del programa Vida Mejor de Juan Orlando Hernández, entre ellas:
• Tráfico de influencias: el uso del poder o de la posición para beneficiar a parientes o allegados en asuntos públicos.
• Desviación de fondos: el destino de recursos para fines no previstos ni autorizados.
• Favorecimiento en la contratación: la asignación de proyectos a empresas, asociaciones o agrupaciones afines políticamente.
• Asignación de cargos sin mérito: el nombramiento de personas cercanas o recomendadas en puestos públicos, sin tomar en cuenta su experiencia o idoneidad.
• Ocultación de irregularidades: la protección o el encubrimiento de familiares, amigos o correligionarios que cometen actos de corrupción o irregularidades en la administración.
Pero si algo puede alegar Cardona en su defensa es que todo lo hizo a luz pública y sin engañar a nadie. En su primer día como ministro, llegó a las oficinas del Centro Cívico Gubernamental rodeado de activistas y con un megáfono en mano. A renglón seguido, escribió en las redes sociales: «En este gabinete de integración, la @SEDIS_HN le pertenece al @PartidoLibre. Hoy trajimos a la militancia a conocer sus oficinas».
¿SEDESOL es el único caso de su tipo en la administración pública? Seguro que no. Es posible que, debajo de la alfombra de muchísimos proyectos públicos, haya lodo contaminado por la corrupción y el uso de fondos públicos para fines partidarios o proselitistas.
Con el escándalo de SEDESOL, el daño a la legitimidad del gobierno está hecho, pero es inevitable preguntar: ¿si las prácticas de corrupción se repitieron, también se repetirá la impunidad?
