La actuación de la Asamblea Nacional de Venezuela tomó un giro decisivo al debatir un proyecto de ley que busca derogar el Estatuto de Roma, con lo que el país avanzaría hacia su retiro de la Corte Penal Internacional. La discusión surgió inmediatamente después de que la Fiscalía de la CPI confirmara el cierre de su oficina en Caracas, señalando la falta de “progreso real” en los procedimientos que se desarrollaban junto a las autoridades venezolanas.
Durante la sesión, el diputado oficialista Roy Daza defendió la propuesta. Afirmó que existe “una posición sesgada por parte de la Corte Penal Internacional” y sostuvo que la Fiscalía del tribunal se ha convertido en una institución con “fines ajenos para la que fue creada”. Subrayó que el organismo ha pasado a ser, según él, un instrumento de “los poderes fácticos y de los poderes económicos, políticos y culturales del imperialismo”.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, respaldó la iniciativa y aseguró que tanto la Asamblea como el pueblo venezolano expresan su “profundo desprecio” por la inacción de “aquellos” que, señaló, fueron “cómplices” del “genocidio” en Gaza.
El anuncio del cierre de la oficina de la CPI fue realizado por el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, quien reiteró que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa vigente y será dirigida desde La Haya. Indicó que, pese al “compromiso sostenido” que mantuvieron con las autoridades, el avance ha sido insuficiente para mantener operaciones en el país.
El Gobierno de Nicolás Maduro respondió acusando al tribunal de promover un “colonialismo jurídico” y reiteró que en Venezuela “no se han cometido crímenes de lesa humanidad”. Además, afirmó que lo ha demostrado ante todas las instancias, denunciando que el proceso ha sido “instrumentalizado con fines geopolíticos”. La CPI mantiene abierta su investigación sobre el país desde 2018, luego de una remisión realizada por varios Estados, y ha rechazado los intentos de Caracas de frenar el caso.
