El Gobierno estadounidense implementó una tarifa de 100,000 dólares para la emisión de nuevas visas H-1B, que permiten a trabajadores extranjeros altamente calificados laborar en el país. La medida busca que las compañías prioricen la contratación de talento local antes que recurrir a profesionales internacionales.
Expertos advierten que esta decisión tendrá un efecto más amplio que el sector tecnológico, afectando a industrias como la agricultura, la salud, la ingeniería, la educación, las finanzas y la energía renovable, entre otras. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) subraya que muchas organizaciones dependen de estos trabajadores extranjeros para cubrir puestos especializados.
Según analistas, las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro serán las más vulnerables ante este cambio, ya que podrían no disponer de recursos suficientes para asumir el nuevo costo, lo que limitaría su capacidad de contratar talento especializado.
Fuentes cercanas a la Casa Blanca indican que podrían considerar exenciones para médicos, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente quiénes quedarán exceptuados de la tarifa. La falta de claridad ha generado incertidumbre entre abogados y profesionales que buscan emplearse en EE. UU.
Más allá de las implicaciones laborales, la medida podría tener un impacto en la innovación y el desarrollo económico, al reducir la disponibilidad de talento extranjero en áreas de alta especialización como biotecnología, inteligencia artificial e ingeniería avanzada. Esto preocupa a las empresas que dependen de proyectos que requieren habilidades específicas.
Organizaciones empresariales y legales han solicitado al Gobierno que determine criterios claros y posibles exenciones, con el objetivo de mitigar los efectos negativos sobre industrias estratégicas y asegurar que la política de visas H-1B cumpla su objetivo sin perjudicar sectores esenciales.
