En un nuevo revés para la administración de Donald Trump, la jueza federal Deborah Boardman bloqueó este miércoles el decreto presidencial que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. La magistrada calificó la orden como “probablemente inconstitucional” y afirmó que contradice más de dos siglos de historia legal en el país.
El fallo, emitido en una corte de Maryland, otorga una medida cautelar preliminar a nivel nacional, impidiendo temporalmente la implementación del decreto firmado por Trump el pasado 20 de enero. La orden presidencial, titulada “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, establecía que el Gobierno federal no reconocerá la ciudadanía de niños nacidos en EE. UU. de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal.
“La orden ejecutiva entra en conflicto con el lenguaje claro de la 14ª Enmienda, contradice 125 años de precedentes de la Corte Suprema y va en contra de los 250 años de historia de nuestra nación de ciudadanía por nacimiento”, sostuvo la jueza Boardman durante la audiencia.
Batalla legal en curso
La demanda fue presentada por cinco mujeres embarazadas, cuyos hijos podrían verse afectados por la medida, y por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. La jueza, designada por el expresidente Joe Biden, determinó que la medida cautelar debía aplicarse a nivel nacional para garantizar un “alivio completo” a las familias afectadas.
“El Gobierno no se verá perjudicado por una medida cautelar que impida la implementación de una orden que probablemente será declarada inconstitucional”, argumentó Boardman.
El Departamento de Justicia, representado por el abogado Eric Hamilton, defendió la legalidad del decreto, asegurando que la 14ª Enmienda no fue diseñada para aplicarse a visitantes temporales o inmigrantes indocumentados. No obstante, la jueza rechazó este argumento y subrayó que ningún tribunal ha respaldado la interpretación del expresidente.
El fallo fue celebrado por organizaciones como el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), uno de los grupos demandantes. “El decreto generó caos para tantas familias, incluidos los miembros de ASAP, que temían que sus hijos no pudieran vivir una vida libre de miedo en el único país que habrán conocido”, declaró Swapna Reddy, codirectora ejecutiva del grupo.
El Gobierno de Trump probablemente apelará la decisión ante un tribunal federal en Richmond, lo que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema. Mientras tanto, otras cortes en distintos estados evalúan medidas cautelares similares, lo que podría intensificar la batalla legal en los próximos meses.
“El derecho a la ciudadanía es un principio fundamental de nuestra nación, protegido expresamente por la Constitución”, concluyó la jueza Boardman, reafirmando la importancia del fallo y la incertidumbre legal que aún rodea el futuro de la orden presidencial.
