En un paso significativo en la lucha contra la corrupción, el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, ambos exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H). La condena se da por el delito de malversación de caudales públicos, cometido durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 en 2021.
De acuerdo con las investigaciones, en marzo de 2021, personal de Invest-H participó en un viaje de trabajo a diferentes ciudades del país para verificar el estado de los hospitales móviles adquiridos a Turquía. Tras finalizar estas labores, los funcionarios fueron informados de que, debido a los protocolos de bioseguridad, debían cumplir un período de aislamiento de 15 días. Durante este tiempo, se les proporcionó alojamiento en un hotel de lujo en Tegucigalpa, con todos los gastos pagados.
El gasto total ocasionado ascendió a 100 mil lempiras, a pesar de que nunca existió contacto directo entre los funcionarios y personas contagiadas de COVID-19. Las investigaciones del MP confirmaron que la decisión de hospedar al personal en un hotel de lujo, en lugar de un centro de aislamiento habilitado en la Villa Olímpica de Tegucigalpa, fue una medida innecesaria y contraria al propósito de los fondos asignados para enfrentar la pandemia.
El Ministerio Público señaló que tanto Marco Bográn Corrales, exdirector de Invest-H, como Alex Moraes Girón, exadministrador de la entidad, actuaron con pleno conocimiento y voluntad al malversar los fondos públicos. Los recursos, destinados a atender la crisis sanitaria, fueron desviados y utilizados para cubrir gastos personales y lujos injustificados.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que se cuestiona la gestión de Invest-H durante la pandemia. La compra de los hospitales móviles, los retrasos en su entrega y las irregularidades en el manejo de fondos han sido puntos recurrentes de controversia, generando críticas hacia la transparencia en la administración de recursos en uno de los momentos más críticos para la nación.
El Tribunal de Sentencia, Sala V, ha programado la audiencia de individualización de la pena para el próximo 27 de enero de 2025, a las 9:00 a.m. En esta etapa, se determinarán las penas específicas que deberán cumplir los condenados.
Esta sentencia representa un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el país, especialmente en un contexto en el que los recursos públicos deben ser administrados con transparencia y responsabilidad. El Ministerio Público reafirma su compromiso de seguir trabajando para garantizar la rendición de cuentas y el uso adecuado de los fondos del Estado.
