La Sala Il del Tribunal de Sentencia declaró este jueves culpables a 15 mujeres reclusas, integrantes de la Pandilla 18, por su participación en la masacre ocurrida el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde fueron asesinadas 46 mujeres. Este trágico suceso se ha considerado la peor matanza en la historia de los centros penitenciarios femeninos en Honduras.
Las 15 mujeres condenadas fueron halladas responsables de múltiples delitos, siendo acusadas como coautoras de 46 asesinatos, además de cuatro intentos de asesinato, un delito de asociación para delinquir y un caso de incendio cualificado. La brutalidad del hecho conmocionó al pais, y las condenas reflejan la gravedad de los crímenes cometidos dentro del sistema penitenciario.
En el mismo fallo, se detallaron cargos adicionales por porte ilegal de armas de fuego y municiones. En-particular, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Kenia Patricia Salinas Rivera y Karen Lorena Ávila Pavon fueron halladas culpables de porte ilegal de arma de fuego. Mientras que Claudia Maria Lemus Aceituno, Cherry Darling Guevara y Suyapa Godoy Leiva recibieron condenas por porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido. Por otro lado, María del Carmen Contreras Castillo fue condenada por porte de munición comercial y munición prohibida, un aspecto clave en la organización y ejecución de los crímenes cometidos en la prisión
Las 15 mujeres permanecerán bajo prisión preventiva hasta que se realice la audiencia de individualización de sus penas, programada para el 23 de enero de 2025. En caso de que se presente un recurso de casación, esta medida podría extenderse hasta la mitad de la pena impuesta, según las disposiciones legales
Este caso resalta no solo la violencia extrema que se vive en el sistema penitenciario de Honduras, sino también la compleja red de organizaciones criminales que operan dentro de las cárceles. La masacre del 20 de junio, que dejó 46 mujeres muertas, evidencia la urgente necesidad de reformar el sistema de seguridad en las prisiones del pais.
Además, la viceministra de Seguridad, Julissa Vilanueva, ha denunciado la presunta implicación de miembros de la Policía Nacional en este horrendo crimen, acusándolos de haber facilitado las armas y de haber colaborado directamente en la ejecución de los asesinatos. A pesar de estas acusaciones, hasta el momento no se ha judicializado a ningún oficial por su presunta participación en los hechos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la profundidad y efectividad de las investigaciones en torno a la masacre.
La sociedad hondureña espera que la justicia no se detenga en estas condenas y que las investigaciones continúen para esclarecer todas las responsabilidades, incluidas las presuntas complicidades de actores externos. Solo así se podrá garantizar que tragedias como esta no se repitan y que las cárceles dejen de ser centros de violencia para convertirse en espacios de rehabilitación y reintegración social.
