Datos recientes presentados por el Observatorio Político de Mujeres, con apoyo de la Unión Europea, ONU Mujeres y el PNUD, revelan un panorama preocupante sobre la situación de las mujeres en la política hondureña, en medio del actual proceso electoral. Aunque ha aumentado la participación femenina, persisten prácticas de exclusión y diferentes formas de violencia que limitan su ejercicio pleno de derechos.
En las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, resultaron electas 168 mujeres como candidatas a diputaciones, frente a 219 hombres. El Partido Nacional obtuvo 59 diputadas electas, el Partido Libertad y Refundación (Libre) 54 y el Partido Liberal 52. Sin embargo, se evidenció exclusión en el encabezamiento de planillas. El Partido Liberal no incluyó mujeres encabezando listas en los departamentos de Intibucá, Islas de la Bahía y La Paz, mientras que el Partido Nacional no lo hizo en Valle. Solo el Partido Libre presentó encabezamientos femeninos en todos los departamentos.
El Observatorio también alertó sobre denuncias recibidas por el sistema 911 entre el 1 y el 12 de marzo: 237 llamadas relacionadas con delitos electorales. Del total, en los reportes por abuso de autoridad electoral, el 40% de las víctimas eran mujeres; en alteración del orden en el proceso electoral, un 43%; en compra y venta de votos, un 30%; en fraude electoral, un 21%; y en sabotaje al escrutinio, un 42%. Estas cifras reflejan la magnitud de los riesgos que enfrentan las mujeres al participar activamente en política.
Varios casos recientes reflejan la violencia directa hacia mujeres en contienda o cargos públicos. Sarai Espinal, periodista y candidata del Partido Liberal, fue agredida físicamente durante una manifestación. La consejera Ana Paola Hall ha sufrido amenazas que la han llevado a considerar su renuncia, mientras que Cosette López ha enfrentado campañas de desprestigio con uso de inteligencia artificial. La candidata presidencial Rixi Moncada y la presidenta Xiomara Castro también han sido blanco de ataques con estereotipos de género.
Según el Observatorio, los perpetradores de estos hechos provienen mayoritariamente del interior de los partidos políticos: 38% son parte de equipos de campaña, 38% dirigentes, 31% militancia, 15% diputados, 8% alcaldes, 8% ministros y un 15% funcionarios públicos con poder sobre las víctimas. Estas cifras revelan cómo la violencia política de género está arraigada incluso dentro de las estructuras que deberían garantizar la equidad.
La información fue presentada como parte de las acciones del Observatorio en el marco de sus actividades para el proceso electoral 2025, con el objetivo de visibilizar esta problemática y exigir medidas concretas para proteger la participación de las mujeres en igualdad de condiciones.
