El sector transporte urbano anunció que la próxima semana paralizará sus labores a nivel nacional si el Gobierno no cumple con el pago del bono compensatorio, cuya deuda asciende a 280 millones de lempiras y que arrastra un retraso de siete meses. La dirigencia aseguró que la crisis financiera del rubro ya alcanzó un punto insostenible y que no aceptarán más promesas incumplidas.
El dirigente Wilmer Cálix expresó que la situación es insostenible y acusó a las autoridades de engañar al gremio al no cumplir lo pactado con la presidenta Xiomara Castro.
“La próxima semana, si no se nos hace efectivo el pago del bono compensatorio, tomaremos acciones porque nos adeuda siete meses. Nos sentimos engañados y el sector transporte no puede seguir absorbiendo los altos costos que tenemos del mantenimiento de las unidades”, manifestó.
Cálix recordó que la devaluación del lempira frente al dólar disparó el precio de los repuestos y del mantenimiento de las unidades, lo que ha encarecido la operación diaria. Sin embargo, la tarifa del pasaje continúa fijada en 13 lempiras, sin ningún tipo de ajuste, lo que según explicó obliga a los transportistas a trabajar con pérdidas constantes y sin margen para sostener el servicio.
“Hoy nosotros seguimos cobrando 13 lempiras y al final este acuerdo lo firmamos con la presidenta, pero si nosotros no lo recibimos, operamos en rojo”, enfatizó.
El dirigente urgió a la mandataria a ordenar el cumplimiento del acuerdo y señaló directamente a los funcionarios encargados de liberar los fondos. Según dijo, el compromiso fue firmado al más alto nivel, por lo que no debería haber excusas para seguir dilatando el pago.
“Al final, el acuerdo lo firmamos con ella, lo que debe hacer el ministro de Finanzas y el comisionado Rafael Barahona es cumplir lo que firmó la presidenta”, afirmó.
Paro inminente y consecuencias para la población
Los transportistas advirtieron que, de no recibir el pago en los próximos días, el paro será inevitable, afectando directamente a miles de usuarios que dependen del transporte urbano en el Distrito Central y en las principales ciudades del país. El gremio insistió en que no buscan perjudicar a la ciudadanía, pero aseguraron que no tienen otra alternativa si el Gobierno no cumple con lo acordado.
