La disputa entre el Partido Liberal de Honduras (PLH) y el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, alcanzó nuevos niveles este viernes tras una serie de publicaciones en la red social X, en las que Ochoa acusó a esa organización política de no haber liquidado más de 15 millones de lempiras correspondientes a la deuda política de las elecciones generales de 2021.

Según Ochoa, al Partido Liberal le correspondían 23.7 millones de lempiras, pero solo se transferirán 8.3 millones, debido a que “continúa sin liquidar fondos”. Además, señaló que el Partido Innovación y Unidad (PINU) y la Democracia Cristiana se encuentran en una situación similar. Las afirmaciones provocaron una inmediata respuesta por parte del Partido Liberal, que las calificó de falsas y sin sustento legal.

Lamentamos profundamente las recientes declaraciones del consejero Marlon Ochoa, en las que falsamente afirma una supuesta falta de liquidación de fondos de capacitación.

Comunicado del PLH.

El partido aseguró haber cumplido con todos los requerimientos del CNE y acompañó su pronunciamiento con un informe oficial fechado el 20 de septiembre de 2022, en el que detalla la entrega de más de 200 páginas de respaldo documental sobre el uso del Fondo de Capacitación Política e Ideológica.

En ese informe, el Partido Liberal argumenta que el fondo original ascendía a 6.1 millones de lempiras, con un saldo restante de poco más de 5.9 millones en sus cuentas. También aclara que los informes fueron presentados conforme a la normativa vigente, incluyendo certificaciones y facturas autenticadas, y que los documentos originales se resguardan en su sede en la colonia Humuya, en Tegucigalpa.

Además, el partido sostiene que todas las observaciones hechas por el CNE ya fueron solventadas y que actualmente no existe ningún requerimiento pendiente, por lo que consideran arbitraria la retención parcial de los fondos. A juicio del PLH, esta medida “atenta contra la institucionalidad y la equidad política”, insinuando que la decisión tiene motivaciones más políticas que técnicas.

Este enfrentamiento revela una creciente fricción entre los órganos electorales y los partidos tradicionales, en un contexto marcado por tensiones sobre la distribución de la deuda política y la transparencia en el uso de fondos públicos. Mientras Ochoa se presenta como un defensor de la rendición de cuentas, el Partido Liberal lo acusa de manipular información para justificar una retención que consideran ilegítima.

Con las elecciones generales cada vez más cerca, el conflicto deja en evidencia la fragilidad del diálogo entre autoridades electorales y actores políticos, y anticipa un proceso electoral donde la disputa por los recursos públicos podría ser tan intensa como la competencia en las urnas.

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