El Congreso Nacional de Honduras se prepara para iniciar una serie de audiencias como parte de la investigación sobre las irregularidades registradas en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, especialmente en lo relacionado con el retraso en el traslado de urnas a múltiples centros de votación.
La diputada Silvia Ayala, integrante de la Comisión Especial que encabeza las indagaciones, confirmó que ya se cuenta con una agenda de trabajo y un cronograma definido. Las primeras citas obligatorias, amparadas en el artículo 205 de la Constitución, están dirigidas a los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE): Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, así como al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevel Hernández, por su responsabilidad en el resguardo y traslado del material electoral.
La comparecencia es de carácter obligatorio, como si fuera una orden judicial.
Diputada del CN, Silvia Ayala.
Las notificaciones comenzarán a entregarse este sábado, y las audiencias iniciarán la próxima semana. La legisladora también adelantó que, tras el receso por Semana Santa, la comisión convocará a otras personas involucradas directa o indirectamente en los hechos, tanto dentro como fuera del CNE.
Una vez concluidas las audiencias, se elaborará un informe final con conclusiones y hallazgos, que será presentado ante el pleno del Congreso a finales de abril. La comisión investigadora fue creada por orden del presidente del Congreso, Luis Redondo, en medio de cuestionamientos por parte de la oposición, que lo acusa de haber conformado un equipo alineado con los intereses del oficialismo y del partido Libertad y Refundación (Libre).
La comisión está presidida por el diputado Ramón Barrios (Libre), y conformada por Carlos Raudales y José Rosario Tejeda (Partido Liberal), Silvia Ayala (Libre), Alberto Chedrani (Partido Nacional), Tomás Ramírez (Partido Salvador de Honduras) y Karen Martínez (Partido Anticorrupción).
El objetivo de la investigación es esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y fortalecer la transparencia del sistema electoral de cara a los comicios generales de 2025.
La comisión ha reiterado su compromiso de actuar con imparcialidad, garantizando el respeto al debido proceso y buscando fortalecer la credibilidad de las instituciones democráticas del país.
