Perla Simons Morales renunció a su cargo como decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), luego de que el Ministerio Público la acusara por su presunta participación en un esquema de fraude que habría desviado más de 27 millones de lempiras destinados a proyectos sociales.
La acusación se enmarca en una investigación sobre el uso indebido de fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales (ONG). Según el requerimiento fiscal, los recursos fueron redirigidos mediante la ONG Inclusión Honduras Internacional (OIHIN), señalada de ser utilizada como instrumento para desviar el dinero asignado a 17 proyectos sociales y de reducción de pobreza. Junto a Simons, también fueron acusados los exdiputados Rodimiro Mejía y José Vicente León Rojas, así como directivos y miembros de dicha organización.
Aunque Simons ocupaba un alto cargo académico en la UNAH al momento de ser acusada, los hechos que se le imputan ocurrieron en un periodo anterior, cuando fungía como diputada del Congreso Nacional. La universidad aceptó su renuncia y conformó una comisión temporal para asumir las funciones administrativas y académicas de la Facultad de Medicina, dejando claro que la institución no está implicada en el caso. Asimismo, dentro de todo esto el rector de la UNAH, Odir Fernández, mencionó:
“Las personas acusadas siguen siendo inocentes hasta que se dicte una sentencia.”
Odir Fernández, rector de la UNAH.
El analista y abogado penal Henry Salinas, consultado sobre la acusación, señaló que este caso refleja una práctica común en la política hondureña:
Es importante resaltar ese modo operandi que ha existido en Honduras, donde se han utilizado proyectos y programas con la intención de venderse como ayudas a los sectores vulnerables, pero en realidad se han convertido en mecanismos para el desvío de fondos.
Henry Salinas, abogado penal y analista.
Salinas comparó esta situación con otros casos emblemáticos como el de “Pandora”, donde también se utilizó a las ONG como fachada para ejecutar proyectos que nunca se concretaron. “Esto nos tiene que llamar la atención: los diputados no deberían hacer uso de recursos públicos, porque no es ese el mandato real para el que ellos están”, advirtió. Aunque reconoció que la figura de las subvenciones está contemplada en la Constitución, consideró que debería eliminarse debido a los malos precedentes que ha dejado.“
El manejo de fondos por parte de diputados nos ha traído consecuencias negativas. Las liquidaciones deben hacerse en tiempo y forma, y sobre todo, ser públicas y transparentes para evitar que se repitan estos abusos”, enfatizó Salinas. También advirtió que el actual Congreso Nacional no está cumpliendo con estas responsabilidades:
“No se están liquidando los recursos públicos que administran los diputados, y por eso salimos aplazados en el índice de Transparencia Legislativa”.
Sobre la situación particular de Simons, el abogado fue claro: “Ella, en un Estado de derecho, debe someterse a un proceso judicial donde se va a dilucidar su responsabilidad o no, pero la parte delicada es que los fondos involucrados estaban destinados a la reducción de la pobreza, lo cual agrava aún más el impacto de este caso”.
Mientras el proceso judicial avanza, la renuncia de Perla Simons representa una salida anticipada de la función pública universitaria, en medio de un escándalo que vuelve a poner en discusión el uso de fondos públicos por parte de actores políticos y la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en el país.
