La controversia entre la diputada liberal Maribel Espinoza y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha provocado una ola de reacciones políticas en el país. Las declaraciones de Redondo, quien acusó a la parlamentaria de mantener presuntos vínculos con el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, condenado en Estados Unidos, fueron calificadas como malintencionadas y carentes de fundamento por varios dirigentes del Partido Liberal.
El titular del Poder Legislativo también solicitó al fiscal general, Johel Zelaya, abrir una investigación en contra de Espinoza, lo que generó el inmediato rechazo de sus correligionarios. La diputada, a través de un comunicado público, desmintió categóricamente las acusaciones y aseguró que no tiene nada que ocultar. “Debe investigarme por deber, pero estoy tranquila porque no he cometido delitos”, expresó, reiterando que no teme a ninguna acción judicial.
Espinoza presentó además un documento que confirma que actuó como apoderada legal en una demanda presentada contra el propio Fuentes Ramírez y su empresa Agroforestal Fuentes S. de R.L., con lo cual, según afirmó, queda demostrado que sus vínculos con el narcotraficante son inexistentes.
Desde el Partido Liberal, varias figuras públicas salieron en su defensa. La candidata a diputada Alia Kafati calificó los señalamientos como un intento de desprestigio político, mientras que la congresista Suyapa Figueroa cuestionó duramente a Redondo, señalando que “no tiene autoridad moral para hablar de honestidad”.
Las acusaciones contra Espinoza surgen en medio de la crisis legislativa provocada por la falta de sesiones en el Congreso Nacional. La diputada liberal ha exigido públicamente que se retomen los trabajos parlamentarios y ha respaldado la posibilidad de una autoconvocatoria de las bancadas de oposición, postura que, según analistas, habría generado molestia en el titular del Legislativo.
En su mensaje, Espinoza afirmó que continuará defendiendo el Estado de derecho y la institucionalidad democrática, a pesar de lo que considera una campaña política en su contra. “Podrán intentar silenciarme, pero seguiré luchando por la justicia”, señaló, al tiempo que instó a las autoridades judiciales a actuar con independencia y no ceder a presiones políticas.
