El Gobierno de Honduras anunció este lunes que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha aprobado una extensión de seis meses al memorándum de entendimiento que respalda la futura instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
La información fue confirmada por el canciller Efraín Bú Soto a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde explicó que el Subsecretario General de la ONU para Europa, Asia Central y América Latina, Miroslav Jenča, notificó oficialmente la aprobación de la solicitud de prórroga presentada por el Gobierno hondureño.
“Al pueblo hondureño comunicamos que el Subsecretario General para Europa, Asia Central y América Latina de la ONU, Miroslav Jenča, nos informó que nuestra solicitud de ampliación del memorándum de entendimiento con el Gobierno está aprobada”, escribió el canciller en dicha red social.
La prórroga del memorándum tendrá vigencia hasta el 15 de diciembre de 2025, según informó la Cancillería. De acuerdo con Bú Soto, este nuevo plazo es fundamental para que el Congreso Nacional apruebe reformas legales pendientes, como la eliminación del fuero especial para diputados y la asignación de responsabilidades legales a los alcaldes, entre otros ajustes normativos necesarios para que la comisión internacional opere de manera efectiva e independiente.
Asimismo, durante su declaración, el canciller calificó el hecho como “un paso más hacia el compromiso firme del Gobierno por luchar frontalmente contra la corrupción y desmontar los privilegios que blindan a ciertos sectores”, agregó el funcionario.
Como antecedente, el memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Honduras y la ONU fue firmado el 15 de diciembre de 2022 en Nueva York, marcando el inicio de un proceso para instalar una misión internacional anticorrupción en el país. Desde entonces, el acuerdo ha sido renovado en varias ocasiones mientras avanzan los pasos legales y políticos para su implementación definitiva.
La creación de la CICIH fue, y continúa siendo, una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, como parte de su agenda de lucha contra la corrupción. El Gobierno espera que, con esta nueva prórroga, se puedan superar los obstáculos legales y políticos que han retrasado su puesta en marcha.
