Este fin de semana continuó la audiencia de declaración de imputados para más de una treintena de acusados en un caso de corrupción que afecta al sistema sanitario público, con un perjuicio económico que supera los 77 millones de lempiras. El juez que conoce la causa decretó medidas distintas a la prisión para 31 imputados, a quienes se les supone responsables de la comisión de varios delitos de fraude en autoría directa, en perjuicio de la Administración Pública.
La audiencia, que inició el viernes, se prolongó y tuvo que suspenderse para ser convocada de nuevo el sábado por la tarde, informó el Poder Judicial. Sin embargo, en horas de la noche se dictaron medidas distintas a la prisión para los encausados.
La audiencia inicial se programó para el miércoles 4 de junio a las 9:00 de la mañana. Igualmente, se informó que existen 14 órdenes de captura pendientes de ejecución. Entre los acusados se encuentra la diputada Ariana Melissa Banegas, así como exdirectores de hospitales, entre otros.
Durante la audiencia, las defensas privadas y el Ministerio Público estuvieron de acuerdo en las medidas cautelares sustitutivas, por lo que se les decretaron las siguientes: prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial, prohibición de salir del país, presentación periódica ante los juzgados de letras o de paz penal civil, de acuerdo con sus domicilios, y la constitución de garantías hipotecarias para la mayoría.
La causa instruida para 31 ciudadanos y ciudadanas imputadas por la supuesta autoría directa de varios delitos de fraude dejó un perjuicio al sistema de salud pública de más de 77 millones de lempiras.
En esta acusación se vincula a 14 personas más, contra las cuales ya se emitió la respectiva orden de captura para ser puestas a la orden de la jueza que conoce el proceso y desarrollar las audiencias correspondientes.
De acuerdo con el requerimiento, se señala a varios exdirectores y personal administrativo de hospitales y centros de salud de la zona sur, así como de otras regiones del país, quienes enfrentan acusaciones por múltiples delitos de fraude.
El requerimiento fiscal indica que, entre los años 2009 y 2014, mediante 208 procesos de compra, se ejecutó la adquisición de equipos, medicamentos y suministros sin cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley de Contratación del Estado, realizando contratos y gestionando fondos sin respaldo presupuestario, favoreciendo ilegalmente a empresas.
