El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra Discua, anunció en las últimas horas que, por orden directa de la presidenta Xiomara Castro, el gobierno está preparando un proyecto de ley para brindar apoyo económico a las personas afectadas por la estafa cometida por la empresa Koriun Inversiones.
La propuesta legislativa, según explicó el titular de la CNBS, busca establecer un mecanismo legal y ordenado para canalizar recursos públicos hacia los afectados, tras confirmarse que Koriun Inversiones operaba de manera ilegal y no estaba regulada por la propia CNBS.
“Como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la presidenta de la República se prepara en este momento un proyecto de ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional para apoyar a los afectados por la empresa Koriun, usando fondos del Presupuesto Nacional”, declaró Sierra Discua.
El funcionario señaló que la CNBS trabaja en delinear los criterios técnicos y jurídicos bajo los cuales se realizarían los pagos, con el objetivo de que el proceso sea transparente, focalizado y respaldado por una ley formal que determine el alcance del apoyo y las responsabilidades correspondientes.
Exigen renuncia
Por otro lado, el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, pidió este viernes la renuncia del titular de la CNBS, Marcio Sierra, luego del anuncio sobre el proyecto de ley.
“El Estado ha fallado”, remarcó el empresario, al tiempo que rechazó el uso de fondos públicos para cubrir una estafa financiera.
“Muy respetuosamente solicitamos su renuncia ante la incapacidad del Estado, demostrada a través de la CNBS, de no haber frenado esta situación en el tiempo correspondiente”, expresó Facussé, y rechazó además los “arreglos fuera de ley y de forma”.
La propuesta ha desatado una fuerte ola de críticas desde diversos sectores, que consideran improcedente que se utilicen recursos públicos para cubrir una estafa privada, en lugar de exigir responsabilidades legales y patrimoniales a los responsables de la firma financiera.
Facussé advirtió que esta medida podría sentar un peligroso precedente y afectar la estabilidad fiscal del país.
Organizaciones empresariales, juristas, analistas financieros y ciudadanos se han sumado al rechazo, cuestionando la legalidad, transparencia y justicia de la iniciativa.
