El escándalo que golpeó a la Alcaldía sampedrana estalló el martes cuando el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra varias personas acusadas de integrar una red de corrupción que habría desviado más de 45.5 millones de lempiras mediante contratos irregulares.
Entre los implicados destacó el nombre de Steven Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras y uno de sus principales operadores políticos. Su vinculación desató un terremoto político a menos de 70 días de las elecciones generales, en las que Contreras aparece como uno de los favoritos en las encuestas.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) documentó que entre 2023 y 2024 se fraccionaron contratos, se incumplieron obras y se simularon licitaciones con la empresa Constructora HERCOD, lo que habría ocasionado pérdidas millonarias a la municipalidad.
El martes en la tarde, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó que la Policía capturó a nueve de los señalados; horas después, en San Pedro Sula, fue arrestado el décimo, Xavier Lacayo Delgadillo. En paralelo, un juez dictó detención judicial contra Olga Estela Ávila, Luis Fernando Hernández, Malcon Jonathan Morales y Andrea Fabiola Perdomo, quienes fueron remitidos a la cárcel de Támara.
El alcalde sampedrano reaccionó con dureza a la acusación que toca a su círculo más íntimo:
“Este ataque contra mi familia es un ataque político, un ataque contra la democracia de Honduras. La intención es inhabilitarme. Están instrumentalizando la justicia”, declaró.
El caso encendió la alerta política. La abogada y excandidata presidencial Maribel Espinoza cuestionó la oportunidad del requerimiento: “¿Será que buscan eliminar adversarios políticos mediante la judicialización de la política?”, se preguntó. El diputado Carlos Umaña expresó respaldo a Contreras, mientras que Jorge Cálix denunció que “el narco familión ataca a Roberto Contreras y al PLH”.
El candidato presidencial Salvador Nasralla también reaccionó: “Mientras el fiscal general sea el sobrino de la candidata presidencial… ¿De qué justicia hablamos?”. A su vez, la Juventud Liberal y Yani Rosenthal advirtieron que la acusación contra Fajardo respondía a un cálculo político y no a un verdadero afán de justicia.
El expediente judicial no solo exhibió un presunto fraude millonario, sino que colocó en el centro del debate a Steven Fajardo, yerno del alcalde sampedrano, cuyo futuro judicial amenaza con impactar de lleno la campaña electoral.
