El Poder Judicial de Honduras enfrenta un nuevo escándalo que involucra presuntas coimas millonarias dirigidas a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según la denuncia, estas coimas habrían tenido el objetivo de favorecer a John Charles Bográn, acusado de participar en el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y procesado en mayo de 2015.
José Ramón Bertetty, recluido en la cárcel de Támara por su vinculación al caso del IHSS, envió una carta al fiscal del Ministerio Público, Johel Zelaya, denunciando estas irregularidades.
Esta mañana, la abogada penalista y exfiscal Nilia Ramos, quien representó legalmente a Bertetty en un recurso de casación contra la sentencia emitida en uno de los casos del IHSS, se pronunció ante periodistas sobre el tema.
La defensora expresó preocupación por la seguridad de su cliente debido a la gravedad de las denuncias, que incluyen amenazas provenientes de Bográn y sus presuntos vínculos con dos extraditables actualmente recluidos en la Penitenciaría Nacional. En este sentido, Ramos solicitó al Estado hondureño medidas de protección para Bertetty.
“Puedo pensar, basándome en la resolución, que sí hubo dinero de por medio, pero no tengo pruebas de que los magistrados o los empleados de la Sala Penal lo hayan recibido”, señaló Ramos. La abogada aseguró que la carta de Bertetty fue entregada al Ministerio Público por familiares del acusado.
En cuanto a las personas señaladas, Ramos destacó que conoce desde hace años al magistrado Mairena, de quien aseguró ser un profesional con principios cristianos y en quien no cree que se haya prestado para recibir dinero. Sin embargo, prefirió no profundizar sobre el otro magistrado implicado, Díaz.
Ramos subrayó que el Ministerio Público debe investigar a fondo la denuncia, pues Bertetty describió cómo Bográn habría comentado públicamente ante otros reos que había pagado para ser favorecido y lograr su libertad.
Finalmente, la abogada enfatizó que si el Ministerio Público no actúa es porque no tiene voluntad para hacerlo, recordando que en ocasiones se ha señalado que el dinero influye en decisiones absolutorias. También consideró que los magistrados de alta investidura señalados deberían apartarse de sus cargos para permitir una investigación transparente y sin obstrucciones
