El Ministerio Público confirmó que un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva a diez personas señaladas de participar en el desfalco de 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía de San Pedro Sula, mediante la adjudicación fraudulenta de 33 contratos a empresas constructoras, entre ellas HERCOD S. de R.L.
Entre los procesados figuran Luis Fernando Hernández Portillo y su esposa, Olga Estela Ávila Ortega, representante legal de HERCOD, así como Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malco Jonatán Morales Correa, vinculados a otras compañías utilizadas en el esquema ilícito. También enfrentan cargos ex y actuales funcionarios de la comuna sampedrana: Osmán David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez y Alejandra Eunice Amaya, de la Gerencia de Infraestructura; Marlen Kalina Mena, exgerente financiera; Javier Lacayo, tesorero municipal; y Walter Manuel Cartagena, exdirector de Obras.
Las investigaciones establecieron que los contratos fueron diseñados para beneficiar a HERCOD, mientras las demás sociedades servían únicamente de fachada. Estas empresas carecían de personal, equipo técnico y hasta de instalaciones adecuadas, pues varias tenían como dirección casas particulares o negocios no relacionados con la construcción. Incluso se comprobó que HERCOD solo tenía una empleada registrada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
La documentación adulteraba los alcances de los proyectos: se estipulaba la reparación de 160 kilómetros de carretera cuando en realidad solo correspondía a unos 35 kilómetros. Aun así, los pagos fueron autorizados sin informes de ejecución ni finalización de las obras.
Según el Ministerio Público, tras recibir los fondos de los contratos, Ávila Ortega los transfirió a cuentas en las que también figuraba su esposo. Luego, Hernández Portillo habría girado más de 5.9 millones de lempiras a José David Fajardo Hernández, quien, a través de intermediarios, entregaba el efectivo a su sobrino y yerno del alcalde sampedrano Roberto Contreras, Steve Adolfo Fajardo Vargas, con el fin de ocultar el origen ilícito de los recursos.
Los imputados fueron acusados por delitos de fraude continuado, violación de los deberes de los funcionarios, lavado de activos y tráfico de influencias. El Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias para determinar si hay más involucrados en el millonario desfalco.
