En un caso sin precedentes, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), ha solicitado al órgano jurisdiccional imponer penas de entre 1,260 y 1,273 años de cárcel a 15 mujeres integrantes de la pandilla 18. Las acusadas fueron declaradas culpables de la muerte de 46 reclusas durante un violento enfrentamiento ocurrido el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Támara, Francisco Morazán.
La masacre, una de las peores registradas en cárceles hondureñas, conmocionó al país por la crueldad con que se ejecutó. Según las investigaciones, las pandilleras utilizaron armas de fuego, armas blancas y fuego directo contra sus víctimas, generando terror y causando una devastadora pérdida de vidas humanas. Este violento episodio reflejó no solo el deterioro de las condiciones penitenciarias, sino también la influencia que las estructuras criminales mantienen dentro de los recintos carcelarios.
De acuerdo con la FEDCV, el ataque fue resultado de una planeación minuciosa y formó parte de una estrategia de la pandilla para consolidar su control dentro de la prisión. La falta de intervención oportuna por parte de las autoridades penitenciarias también fue señalada como un factor que contribuyó a la tragedia.
Las penas solicitadas y los delitos imputados
El Ministerio Público ha clasificado las penas en función de los delitos atribuidos a cada acusada. A Heidy Jackeline Palma Rivera, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Francis Margarita Chavarría Ávila y otras cinco imputadas se les ha solicitado una condena de 1,260 años de prisión, tras ser halladas culpables de asesinato, tentativa de asesinato, asociación para delinquir e incendio cualificado.
Por otra parte, para Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Kenia Patricia Salinas Rivera y Karen Lorena Ávila Pavón, se ha solicitado una pena de 1,265 años de cárcel por los mismos delitos, con el añadido de porte ilegal de arma de fuego comercial.
En el caso de Claudia María Lemus Aceituno, Cherry Darling Guevara y Susana Godoy Leiva, las penas solicitadas ascienden a 1,268 años debido a la gravedad adicional de portar armas de uso prohibido. Finalmente, María del Carmen Contreras Castillo enfrenta la mayor condena solicitada: 1,273 años, debido a la posesión de municiones prohibidas.
Pendientes en el caso
Aunque el proceso contra estas 15 mujeres ha avanzado, aún queda pendiente el juicio de Arleny Sarahí Guerra Portillo, programado para mayo de 2025. Las autoridades subrayan que este caso busca sentar un precedente en la lucha contra la impunidad, especialmente en un contexto de violencia estructural ligada al crimen organizado.
Compromiso contra la impunidad
El Ministerio Público ha enfatizado su compromiso con la investigación exhaustiva y el combate a la violencia dentro de los recintos penitenciarios. Este caso no solo representa un paso significativo hacia la justicia para las víctimas, sino también un mensaje contundente sobre la intención de las autoridades de garantizar que hechos tan atroces no queden impunes.
La masacre en la PNFAS se mantiene como un recordatorio de los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario hondureño y la necesidad urgente de reformas que prioricen la seguridad y la justicia.
