En un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que sacude al Programa de Asignación Familiar (PRAF), el juez de letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medidas sustitutivas a la prisión para 23 personas implicadas en el desvío de 96,976,218.21 lempiras.
Este miércoles, 23 de los 40 implicados en el caso se presentaron de forma voluntaria para la audiencia de declaración de imputados. La audiencia inicial quedó programada para el próximo miércoles 5 de marzo a las 11:00 a. m.
El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra una supuesta estructura que operó en el PRAF entre 2010 y 2014. Los imputados son: Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil; Sandra Solano Aguirre, exjefa del programa DiMujer, junto a 37 personas más, entre ellas exempleados de la institución, representantes de empresas y ONG.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) acusa a estas personas de los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
Según las investigaciones, los acusados se habrían confabulado para defraudar al pueblo hondureño por más de 96 millones de lempiras a través de 596 contratos provenientes de los programas Bono Juvenil y DiMujer, diseñados para capacitar a jóvenes y mujeres en extrema pobreza.
El esquema de corrupción incluyó la adjudicación directa de contratos a empresas y ONG sin capacidad técnica, utilizando “empresas de relleno” y fragmentando las contrataciones para evadir los procesos de licitación. El Ministerio Público concluye que existió una colusión entre los imputados, quienes justificaron con informes falsos capacitaciones que nunca se realizaron. Las pocas actividades efectuadas fueron deficientes y se fabricaron expedientes falsos para justificar el pago total de los contratos.
Estas acciones no solo causaron un desfalco millonario al país, sino que también privaron a miles de jóvenes y mujeres hondureñas de oportunidades para desarrollar sus capacidades técnicas y emprender sus propios negocios, afectando gravemente sus vidas y las de sus familias.
El caso ha generado una fuerte indignación pública, dado que los fondos desviados estaban destinados a sectores vulnerables de la población. Las autoridades han asegurado que continuarán las investigaciones para garantizar que todos los responsables enfrenten la justicia.
La sociedad espera que este proceso judicial marque un precedente en la lucha contra la corrupción y que se logre la recuperación de los fondos malversados.
