El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido trasladado al Centro Penitenciario Federal Lewisburg (USP Lewisburg), ubicado en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. Este centro, de mediana seguridad, será el lugar donde el exmandatario cumplirá su condena de 45 años de prisión por narcotráfico, dictada por la Justicia estadounidense el pasado 26 de junio de 2024.
Antes de su traslado, Hernández permaneció en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), en Nueva York. Este centro es conocido por albergar a reclusos de alto perfil y fue donde el exmandatario hondureño aguardó el desarrollo de su juicio, que culminó con su condena.
La sentencia de 45 años de prisión incluye además cinco años de libertad vigilada. Hernández fue declarado culpable el 8 de marzo de 2024 por un jurado estadounidense, que lo encontró responsable de tres cargos relacionados con el tráfico de drogas y armas. Además, el juez Kevin Castel ordenó el pago de una multa de ocho millones de dólares y el decomiso de todos los bienes que se consideraron adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.
El traslado de Hernández a Lewisburg también resalta el alcance de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Su condena ha subrayado la capacidad de las autoridades estadounidenses para investigar y procesar a figuras políticas extranjeras involucradas en delitos transnacionales.
Este caso representa un hecho histórico en la lucha contra el narcotráfico, al tratarse de un expresidente que enfrentó cargos en tribunales estadounidenses por su presunta colaboración con importantes cárteles internacionales. Según las autoridades estadounidenses, Hernández habría facilitado el tránsito de grandes cantidades de drogas hacia los Estados Unidos durante su mandato presidencial, entre 2014 y 2022.
El traslado y condena de Hernández han generado una amplia discusión en Honduras e internacionalmente, destacando la gravedad de la corrupción y el narcotráfico en las más altas esferas del poder. Este caso ha marcado un precedente en la región, subrayando el compromiso de la Justicia estadounidense con combatir el crimen organizado más allá de sus fronteras.
